DECLARACION PRELIMINAR
TITULO I Territorio y División Política .
TITULO II De la Nacionalidad
TITULO III De los Deberes y Derechos Individuales y Sociales
CAPITULO I Disposiciones Generales
CAPITULO II Garantías Individuales
CAPITULO III De la Familia
CAPITULO IV De la Salud y de la Seguridad Social
CAPITULO V De la Educación
CAPITULO VI Del Trabajo
CAPITULO VII De la Economia Nacional
CAPITULO VIII De la Suspensión y Restricción de Garantías
TITULO IV De la Soberanía y del Poder Público
CAPITULO I Del Sufragio
CAPITULO II Del Poder Público y su Ejercicio
CAPITULO III De las Fuerzas Armadas Nacionales
CAPITULO IV De las Relaciones Internacionales
TITULO V Del Poder Municipal
TITULO VI Del Poder de los Estados
CAPITULO I Disposiciones Generales
CAPITULO II De la Organización de los Estados
SECCION PRIMERA Del Poder Legislativo
SECCION SEGUNDA Del Poder Ejecutivo
TITULO VII Del Poder Nacional
CAPITULO I Disposición General
CAPITULO II De la Competencia del Poder Nacional
CAPITULO III Del Poder Legislativo
SECCION PRIMERA Disposiciones Generales
SECCION SEGUNDA De la Cámara de Diputados
SECCION TERCERA De la Cámara de Senadores
SECCION CUARTA Disposiciones comunes a ambas Cámaras
SECCION QUINTA De las atribuciones comunes a ambas Cámaras como Cuerpos Colegisladores
SECCION SEXTA De la Cámaras reunidas en Congreso
SECCION SEPTIMA De la formación de las Leyes
SECCION OCTAVA De la Comisión Permanente del Congreso Nacional
CAPITULO IV Del Poder Ejecutivo Nacional
SECCION PRIMERA Del Gobierno y Administración Nacional
SECCION SEGUNDA Del Presidente de la República
SECCION TERCERA De las atribuciones y deberes del Presidente de la República
SECCION CUARTA De los Ministros del Despacho
CAPITULO V Del Poder Judicial
SECCION PRIMERA Disposiciones generales
SECCION SEGUNDA De la Corte Suprema de Justicia.
CAPITULO VI Del Ministerio Público
CAPITULO VII De la Procuraduría General de la Nación
CAPITULO VIII De la Hacienda Pública Nacional
SECCION PRIMERA Disposiciones Generales
SECCION SEGUNDA De la Contraloría General de la Nación
TITULO IX De la Reforma Constitucional
Disposiciones transitorias
DISPOSICION FINAL

Presentación
Decreto de Impresión

en representación del pueblo soberano de Venezuela, para quien invoca la protección de DIOS TODOPODEROSO decreta la siguiente

La Nación Venezolana es la asociación de todos los venezolanos en un pacto de organización política con el nombre de Estados Unidos de Venezuela. Ella es para siempre irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección extranjera.

La Nación Venezolana proclama como razón primordial de su existencia la libertad espiritual, política y económica del hombre asentada en la dignidad humana, la justicia social y la equitativa participación de todo el pueblo en el disfrute de la riqueza nacional.

De esa razón fundamental deriva la nación sus funciones de defensa, derecho y de cultura, para el logro de sus fines esenciales contenidos principalmente en

la armonía, el bienestar y la seguridad social e individual de los venezolanos y de cuantos convivan en el territorio y dentro de su ley;

la afirmación de la propia nacionalidad, en sostenida concordancia con la fraternal cooperación en el concierto de las naciones en propósitos de paz y progreso y con el mutuo respeto de la soberanía;

La sustentación de la Democracia, como único e irrenunciable sistema de gobernar su conducta interior, y la colaboración pacífica en el designio de auspiciar ese mismo sistema en el gobierno y las relaciones de todos los pueblos de la tierra.

La Nación Venezolana repudia la guerra, la conquista y el abuso de poderío económico como instrumentos de política internacional; reafirma su voluntad de resolver todos sus conflictos y controversias con otros Estados por los medios pacíficos establecidos en los pactos y tratados de que es parte; respalda el principio de autodeterminación de los pueblos, y reconoce el Derecho Internacional como regla adecuada para garantizar los derechos del hombre y de las naciones en los términos y propósitos de la presente Declaración.

La Nación Venezolana arraiga el cumplimiento de su destino y la realización de sus finalidades en la integridad de su territorio, en el potencial de su economía, en su respeto a la libertad, en la consagración del trabajo como virtud suprema y como supremo título de mejoramiento humano y en patrimonio de autoridad moral e histórica que ganaron los venezolanos, conducidos por Simón Bolívar, en la empresa emancipadora del Continente Americano. 

Las naciones extranjeras solo podrán adquirir, en conformidad con la Ley, los inmueblesnecesarios para sede de su representación diplomática en la Capital de la República, a título de reciprocidad, y quedando siempre a salvo la soberanía nacional sobre el suelo.

Artículo 2º. El territorio nacional se divide, para los fines de la organización política de la República, en el de los Estados, el del Distrito Federal, el de los Territorios Federales y el de Dependencias Federales.

El territorio de los Estados se divide en Distritos Municipales, y el de éstos, a su vez, en Municipios.

Artículo 3º. Los Estados son: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

Artículo 4º. Los Estados conservan los límites que tienen actualmente. Una ley especial precisará dichos límites, ateniéndose a la división establecida por la Ley de 28 de abril de 1856 y a las modificaciones vigentes para la fecha de esta Constitución.

Los Estados limítrofes pueden fusionarse mediante convenios aprobados por sus respectivas Asambleas Legislativas; pero aquellos conservarán siempre la facultad de recuperar su autonomía. También pueden, mediante las mismas formalidades, modificar su común frontera, acordándose las compensaciones o cesiones de territorio a que hubiere lugar.

Artículo 5º. El Distrito Federal será organizado por ley especial, en la cual se dejará a salvo la autonomia del Poder Municipal en lo que respecta a su régimen económico y administrativo, en los términos consagrados por esta Constitución.

Artículo 6º. La Ciudad de Caracas es la Capital de la República y el asiento del Gobierno Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b) atribución 18ª del artículo 189 de esta Constitución y en la atribución 31ª del mismo artículo.

Artículo 7º. Los territorios Federales son el Amazonas y el Delta Amacuro, y se rigen por leyes especiales.

Los límites de dichos Territorios y los del Distrito Federal con los Estados vecinos podrán ser modificados mediante convenios que con los Gobiernos de éstos celebre el Ejecutivo Nacional, y aprueben el Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas de los Estados contratantes.

Artículo 8º. Los Territorios Federales podrán optar a la categoría de Estados cuando tengan, por lo menos, cincuenta mil habitantes.

En este caso, el Congreso Nacional elevará a la categoría de Estado la totalidad o una parte del Territorio que lo solicite, de acuerdo con la Ley.

Artículo 9º. Son Dependencias Federales las islas marítimas de Venezuela, excepto las de Margarita, Coche y Cubagua, que constituyen el Estado Nueva Esparta. El gobierno y la administración de dichas Dependencias corresponden al Ejecutivo Nacional, de acuerdo con la Ley. Esta pautará, además las condiciones mediante las cuales las Dependencias Federales podrán optar a la categoría de Territorios.

Artículo 10. Las controversias existentes por razón de límites, y las que en lo sucesivo surgieren por la misma causa, entre los Estados, o entre éstos y el Distrito o los Territorios Federales, serán decididas por la Corte Suprema de Justicia , mediante el procedimiento que paute la Ley.

1º. Los nacidos en Venezuela, con excepción de los hijos de extranjeros no domiciliados ni residenciados en la República o que estuvieren en el país al servicio oficial de otro Estado.

2º. Los nacidos en naves o aeronaves venezolanas, fuera del dominio territorial de otro Estado, con las excepciones señaladas en el ordinal anterior.

3º. Los nacidos en el exterior, de padre o madre venezolanos, cuando éstos se encuentren en el extranjero al servicio oficial de Venezuela.

4º. Los nacidos en el exterior, de padre y madre venezolanos, cuando conforme a las leyes del país donde hubieren nacido no adquieran la nacionalidad de éste.

Parágrafo primero.— Son igualmente venezolanos por nacimiento los exceptuados en los ordinales 1º y 2º de este artículo si, llegados a la mayoridad, establecen su domicilio en Venezuela o manifestaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana.

Parágrafo Segundo.—Los nacidos en el exterior, de padre o madre venezolanos, no comprendidos en los ordinales 3º y 4º de este artículo, son también venezolanos por nacimiento si están domiciliados en el país al llegar a la mayoridad, o si, cumplida ésta, manifestaran su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana o establecieran su domicilio en el país.

Parágrafo Tercero.—Son asi mismo venezolanos por nacimiento los nacidos en el exterior, de padre o madre venezolanos, cuando su nacimiento haya sido inscrito ante la respectiva autoridad diplomática o consular venezolana.
 

1º. La extranjera casada con venezolano, si conforme a su ley nacional pierde por efecto del matrimonio su nacionalidad anterior.

2º. Los hijos mayores de edad, de padre o madre venezolanos por naturalización, nacidos en el exterior, si se domicilian en el país y manifiesten su voluntad de ser venezolanos.

3º. Los naturales de España o de algunos de los Estados latino-americanos, que estén domiciliados en el país y manifiesten su voluntad de ser venezolanos.

A base de una reciprocidad internacional efectiva, establecida mediante tratados, estos oriundos de España y Repúblicas latino-americanas podrán obtener la nacionalidad venezolana sin que pierdan o modifiquen su nacionalidad de origen.

4º. Los extranjeros que hayan obtenido o que obtuvieren carta de naturaleza de acuerdo con la Ley.

Artículo 14. La venezolana que casare con extranjero conservará la nacionalidad venezolana, a menos que manifestare su voluntad contraria y siempre que tal manifestación sea suficiente para adquirir la nacionalidad del marido según la ley nacional de éste.

Artículo 15. Las manifestaciones de voluntad a que se refieren los artículos anteriores y la adquisición de cartas de naturaleza serán reguladas por la Ley.

Artículo 16. En tratados públicos podrán adoptarse normas tendientes a determinar la nacionalidad de las personas a quienes la aplicación de leyes de distintos paises atribuyere múltiple nacionalidad.

Queda a salvo lo dispuesto en el aparte único del inciso 3º artículo 12 de esta Constitución.

Artículo 17. La nacionalidad venezolana se pierde:

1º. Por adquisición plena y voluntaria de otra nacionalidad excepto en los casos señalados en el aparte único del ordinal 3º del artículo12.

2º. Por revocatoria de la naturalización en los casos que determina la Ley.

Artículo 19. La nulidad de las naturalizaciones como consecuencia de vicios que las afecten será regulada por la Ley.

Los extranjeros están obligados a acatar los preceptos legales en los mismos términos exigidos a los venezolanos, mientras residan en territorio de la República.

Artículo 21. Sin perjuicio a lo dispuesto en los convenios internacionales, los extranjeros tienen en Venezuela los deberes y los derechos que acuerdan esta Constitución y las Leyes; pero ni uno ni otros podrán ser mayores que los de los venezolanos.

Las leyes podrán establecer restricciones en cuanto al ejercicio de los derechos correspondientes a los extranjeros o a una determinada clase de ellos, cuando asi lo exijan graves motivos de seguridad interior o exterior, o por razones de índole sanitaria.

La confiscación únicamente podrá ser impuesta a los extranjeros, y solo en caso de conflicto con su país.

Artículo 22. Los venezolanos por naturalización gozarán los mismos derechos políticos de los venezolanos por nacimiento, salvo las restricciones señaladas por la Ley.

Artículo 23. Todos tienen el derecho de hacer lo que no perjudique a otro, y nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordene ni impedido de ejecutar lo que ella no prohiba.

Artículo 24. En ningún caso podrán pretender los nacionales ni los extranjeros que la Nación, los Estados o las Municipalidades les indmnicen daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido ejecutados por autoridades legítimas en su carácter público.

Artículo 25. La enunciación de los derechos y de los deberes que se hacen en el presente Título no debe entenderse como una negación de cualesquiera otros que correspondan a los habitantes de la República, y que no figuren expresamente en él.

Artículo 26. Ninguna Ley, Decreto, Ordenanza, Resolución o Reglamento podrá menoscabar los derechos garantizados por esta Constitución a venezolanos y a extranjeros. Las disposiciones contrarias a este principio serán nulas, y asi lo declarará la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 27. Quienes expidieren, firmaren, ejecutaren o mandaren ejecutar Decretos, Resoluciones u Ordenanzas que violen cualesquiera de los derechos garantizados por esta Constitución, son culpables y serán castigados conforme a la Ley, salvo que se tratare de medidas dirigidas a la defensa de la República o a la conservación o el restablecimiento de la paz, dictadas por funcionarios públicos competentes en su carácter oficial, en los casos previstos en los artículos 76 y 77 de esta Constitución.

Artículo 28. El lapso para la prescripción de las acciones penales correspondientes a los delitos de violación de cualesquiera de las garantías individuales es de seis años, y no correrá respecto a los funcionarios públicos sino desde el día siguiente a la fecha en que aquel a quien se atribuya el hecho delictuoso hubiere cesado en el ejercicio de sus funciones públicas.

Artículo 30. La Nación garantiza a todos los habitantes la libertad y seguridad personales, y, en consecuencia:
 

1º. Nadie podrá ser sometido a reclutamiento forzoso.

El servicio militar es obligatorio y se prestará conforme a la Ley.

2º. Nadie podrá ser preso o detenido, a menos que fuere sorprendido infraganti, sin que precedan información sumaria de haberse cometido un hecho punible que merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario autorizado por la Ley para decretar la detención, debiendo expresarse siempre en dicha orden el motivo que la causa. El sumario no podrá en ningún caso prolongarse por más de treinta días después de la detención judicial. En los delitos de injuria, difamación, desacato u ofensas a personas o a cuerpos judicales, políticos o administrativos, investidos de autoridad pública, será sometido a juicio el acusado, y no podrá separarse del lugar del proceso hasta que el asunto quede decidido. La detención no procederá sino en virtud de sentencia firme.

3º. Nadie continuará en detención si, mediante decisión judicial firme, hubieren quedado destruidos los fundamentos de aquélla, ni después de la libertad bajo fianza, en casos que la Ley permita este beneficio. El otorgamiento y la tramitación de la fianza no causarán impuesto alguno.

4º. Nadie podrá ser incomunicado, ni obligado a prestar juramento, ni a sufrir interrogatorio en causa criminal contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni contra el cónyuge o la persona con quien haga vida material.

5º. Nadie podrá ser juzgado por tribunales o comisiones especialmente creados, sino por sus jueces naturales y en virtud de ley preexistente.

6º. Nadie podrá ser condenado en causa criminal sin antes haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la forma que indique la Ley.

7º. Nadie puede ser privado de su libertad por incumplimiento de obligaciones civiles no definido como delito por la Ley.

8º. Nadie podrá ser condenado a pena corporal por más de veinte años.

9º. Nadie podrá ser condenado a penas infamantes ni perpetuas, ni sometido a torturas o a otros medios que causen sufrimiento físico.

10. Nadie continuará privado de su libertad una vez cumplida la pena impuesta.

11. Nadie podrá ser juzgado por los mismos hechos que hubieren motivado su anterior enjuiciamiento.

La Ley determinará el régimen a que serán sometidos los reincidentes.

Artículo 32. A toda persona detenida o presa con violación de las garantías establecidas en esta Constitución en resguardo de la libertad individual, le asiste el recurso de Habeas Corpus. Este recurso podrá ser ejercido por el interesado o por cualquiera otra persona en nombre de aquél, y será admisible cuando la ley no consagre contra la orden, acto o procedimiento que lo motive, ningún recurso judicial ordinario.

La Ley determinará los Tribunales que conocerán y decidirán en forma breve y sumaria de las denuncias del caso, así como también las demás condiciones necesarias para el ejercicio de este recurso.

Artículo 33. La Nación reconoce el asilo por motivos políticos, con las solas limitaciones que establezcan las leyes, los principios del Derecho Internacional y los tratados públicos.

Artículo 34. Todos pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio, ausentarse de la República y regresar a ella; introducir sus bienes en el país o sacarlos de el, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes.

En ningún caso podrá ser impedida discrecionalmente la entrada de nacionales en el país.

Artículo 35. La Nación garantiza la inviolabilidad del hogar, el cual no podrá ser allanado sino para impedir la consumación de un delito, o para cumplir la decisiones que, de acuerdo con la Ley, dicten los Tribunales de Justicia. Estará sujeto, conforme a la Ley, a las visitas sanitarias y fiscales, previo aviso de las autoridades o funcionarios que ordenen o hayan de practicar la inspección.

Artículo 36. La correspondencia oral, escrita, o en cualquiera otra forma, es inviolable. Las cartas, telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia no podrán ser ocupados sino con el cumplimiento de las formalidades legales, por autoridad judicial y guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado que no tenga relación con el correspondiente proceso. Los libros, comprobantes y documentos de contabilidad quedan sujetos a la inspección o fiscalización de las autoridades competentes en conformidad con las leyes.

Artículo 37. La Nación garantiza la libertad de pensamiento, manifestados de palabra, por escrito, por medio de la imprenta, por la radio u otros sistemas de publicidad, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, conforme a las prescripciones legales, las expresiones que constituyan ofensa a la moral pública, injuria, difamación, desacato e instigación a delinquir.

No se permite el anonimato ni tampoco la propaganda de guerra o la que tenga por objeto provocar la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el análisis o la crítica de los preceptos legales.

Artículo 38. La Nación garantiza la libertad de conciencia y la de cultos, sometida esta última a la suprema inspección del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con la Ley.

Artículo 39. Nadie podrá ser obligado a declarar su creencia religiosa o su ideologia política, salvo cuando asi lo disponga la Ley.

Artículo 40. Nadie puede invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de las leyes de la República ni para impedir a otro el ejercicio de sus derechos.

Artículo 41. Se garantiza el derecho de asociación o de reunión pública o privada, con fines lícitos y sin armas. La Ley regulará el derecho de reunión pública y el de manifestación.

Artículo 42. Se garantizan los derechos de asociación y de sindicalización con fines lícitos; estos derechos se ejercerán conforme a las leyes.

Artículo 43. Se garantiza la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial con derecho a obtener oportuna respuesta.

Artículo 44. La Nación garantiza el derecho del sufragio activo y pasivo en los términos previstos en esta Constitución.

Artículo 45. Se garantiza a todo ciudadano el derecho de acusar ante los Tribunales competentes a los funcionarios que incurran en quebrantamiento de sus deberes.

Artículo 46. La Nación garantiza a todos sus habitantes la igualdad, en virtud de la cual:
 

a) Todos serán juzgados por las mismas leyes y gozarán por igual de su protección.

b) No se concederán títulos de nobleza ni distinciones hereditarias, ni se permitirán discriminaciones raciales.

c) La identificación de una persona para los actos de la vida civil no comprenderá mención alguna que se refiera a la naturaleza de la filiación, establezca diferencias en los nacimientos o indique el estado civil de los padres.

d) No se dará otro tratamiento oficial sino el de ciudadano y usted salvo las fórmulas diplomáticas.

Artículo 48. La ley determinará lo relativo a la organización del patrimonio familiar inenbargable.

Artículo 49. El Estado garantiza la protección integral del niño desde su concepción hasta su completo desarrollo, de modo que éste se realice dentro de un ambiente de seguridad material y moral.

En consecuencia se establecerán, entre otras, las condiciones necesarias:
 

a) Para que los hijos gocen del derecho de conocer a sus padres.

b) Para que los padres cumplan el deber de asistir, educar y alimentar a sus hijos, cualquiera que sea la filiación de éstos.

c) Para que los menores sean amparados y juzgados por leyes especiales.

d) Para impedir la explotación de los menores en el trabajo.

Un Código especial regirá esta protección y establecerá un organismo de la dirección de ella.

Artículo 50. El Estado procurará la eliminación de las causas sociales de la prostitución y velará por la recuperación de los afectados por ella.

Todos la habitantes de la República tienen el derecho a la protección de la salud. El Estado establecerá los servicios necesarios para la prevención y tratamiento de la enfermedades.

Artículo 52. Los habitantes de la República tienen el derecho de vivir protegidos contra los riesgos de carácter social que puedan afectarlos y contra la necesidad que de ellos se deriva.

El Estado establecerá en forma progresiva, un sistema amplio y eficiente de Seguridad Social y fomentará la construcción de viviendas baratas destinadas a las clases económicamente débiles.

La educación es función esencial del Estado, el cual estará en la obligación de crear y sostener instituciones y servicios suficientes para atender a las necesidades educacionales del país y proporcionar al pueblo venezolano los medios indispensables para la superación del nivel cultural.

Artículo 54. La educación nacional será organizada como un proceso integral, correlacionado en sus diversos ciclos, y estará orientada a lograr el desarrollo armonioso de la personalidad humana, a formar ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, a fomentar la cultura de la Nación y a desarrollar el espíritu de solidaridad humana.

Artículo 55. Se garantiza la libertad de enseñanza. Toda persona natural y jurídica puede dedicarse libremente a las ciencias o a las artes, y fundar cátedras y establecimientos para la enseñanza de ellas , bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado, con las limitaciones y dentro de las condiciones de orientación y organización que fije la Ley.

El Estado podrá establecer como función exclusivamente suya la de formar el profesorado y el magisterio nacional.

Artículo 56. La iniciativa privada en materia educacional merecerá el estímulo del Estado, siempre que se acuerde con los principios contenido en esta Constitución y en las leyes.

Artículo 57. La educación debe estar a cargo de personas de idoneidad docente comprobada de acuerdo con la Ley.

El Estado garantiza a los profesionales de la enseñanza un régimen de trabajo y un nivel de vida acordes con su elevada misión.

Artículo 58. La educación primaria es obligatoria. La educación impartida en establecimientos oficiales es gratuita en todos sus ciclos. De acuerdo con la Ley, el estado facilitará a los individuos que carezcan de recursos, los medios necesarios para que puedan cumplir la obligación escolar y proseguir estudios sin más limitaciones que las derivadas de su vocación y de su aptitud.

Artículo 59. La riqueza artística e histórica del país estará bajo el control y salvaguardia del Estado de acuerdo con la Ley.

Artículo 60. Las profesiones que requieran título no podrán ejercerse sin poseerlo y sin llenar las formalidades que la Ley exige. La ley determinará cuales profesiones deberán ejercerse mediante otorgamiento, por el Estado, del respectivo título.

Parágrafo único. El Estado se reserva el derecho de establecer la obligatoriedad en que están los profesionales de prestar sus servicios a la Nación conforme lo establezca la Ley.

Artículo 62. La Ley dispondrá lo necesario para la mayor eficacia, responsabilidad y estímulo del trabajo, regulándolo adecuadamente y estableciendo la protección que deberá dispensarse a los trabajadores para garantizar su estabilidad en le trabajo y el mejoramiento de sus condiciones materiales, morales e intelectuales. La Nación fomentará la enseñanza técnica de los trabajadores.

Artículo 63. La legislación del trabajo consagrará los siguientes derechos y preceptos, aplicables tanto al trabajo manual como al intelectual o técnico, además de otros que concurran a mejorar las condiciones de los trabajadores:

1º. Jornada máxima de ocho horas en el día y de siete en la noche, salvo para determinados trabajos, con reposo semanal remunerado de acuerdo con la Ley. Esta podrá propender a la disminución progresiva de la jornada máxima, en general, o para determinadas industrias, en particular.

2º. Salario igual para trabajo igual, sin distinción de sexo, nacionalidad o raza.

3º. Salario mínimo y vital, suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador.

4º. Vacaciones anuales remuneradas, sin distinción entre obreros y empleados.

5º. Responsabilidad por riesgos profesionales.

6º. Preaviso e indemnización en caso de término o ruptura del contrato de trabajo; prima de antigüedad, y jubilación después del tiempo de servicio, en las condiciones que establezca la Ley.

7º. Estabilidad en el trabajo para los miembros de las directivas de los sindicatos de trabajadores, salvo en los casos de retiro plenamente justificados.

8º. Contrato colectivo de trabajo, en el cual podrá incluirse la cláusula sindical.

9º. Conciliación para resolver los conflictos entre patronos y trabajadores.

10. Derecho de huelga, salvo en los servicios públicos que determine la Ley.

11. Protección especial en el trabajo de menores y de las mujeres: con derecho para los primeros , de aprendizaje y fijación de la edad mínima para ser admitidos en los diversos tipos de trabajo, y de reposo remunerado para las segundas, antes y después del alumbramiento.

12. Régimen de participación en los beneficios de las empresas, para los empleados y los obreros, y fomento del ahorro entre los mismos.

13. Responsabilidad del cumplimiento de las leyes sociales, por parte de la persona natural o jurídica en cuyo provecho se preste el servicio, aún cuando el contrato de trabajo fuere efectuado por intermediario o contratistas, sin que ello impida la responsabilidad de estos últimos.

14. Inembargabilidad del salario, en la proporción y en los casos que fije la Ley.

15. Irrenunciabilidad de las disposiciones legales que favorezcan a los trabajadores.

Todo autor o inventor tiene la propiedad exclusiva de su obra o invención, y quien ideare una marca, el derecho de explotarla; todo ello conforme a las modalidades que establezcan las leyes y los tratados.

La Ley podrá establecer prohibiciones especiales para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, por su condición, o por su situación en el territorio nacional.

Artículo 66. El Estado atenderá la defensa y conservación de los recursos naturales del territorio venezolano, y reglamentará el uso, goce y aprovechamiento de aquellos, de acuerdo con los fines anteriormente citados.

Artículo 67. En conformidad con la Ley, solo por utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago del precio, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.

Cuando se trate de expropiación de tierras destinadas a la realización de la Reforma Agraria, y de la expropiación de inmuebles con fines de ensanche y acondicionamiento de las poblaciones, el pago podrá ser diferido por tiempo determinado, previo otorgamiento de garantía suficiente, en conformidad con lo que establezca la Ley.

Artículo 68. El derecho de propiedad privada territorial está condicionado por las disposiciones precedentes y por la obligación de mantener las tierras y bosques, que son su objeto, en producción socialmente útil. La Ley determinará los efectos de esta disposición y las condiciones de su aplicación.

Artículo 69. El Estado realizará una acción planificadas y sistemática, orientado a transformar la estructura agraria nacional, a racionaliar la explotación agropecuaria, a organizar y distribuir el crédito, a mejorar las condiciones de vida del medio rural y a la progresiva emancipación económica y social de la población campesina.

Una ley especial determinará las condiciones técnicas y las demás acordes con el interés nacional, mediante las cuales hará efectivo y eficaz el ejercicio del derecho que la Nación reconoce a las asociaciones campesinas y a los individuos, aptos para el trabajo agrícola o pecuario y que carezcan de tierras laborables o no las posean en cantidad suficiente, a ser dotados de ellas y de los medios necesarias para hacerlas producir.

Artículo 70. Las tierras adquiridas por nacionales o extranjeros en territorio venezolano destinadas a la explotación de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad al patrimonio de la Nación , sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa la respectiva concesión.

Artículo 71. El Estado auspiciará y fomentará la organización de toda clase de cooperativas e instituciones destinadas a mejorar la economía popular. La Ley asegurará el oportuno suministro de los elementos técnicos, administrativos y económicos necesarios.

Artículo 72. Corresponde al Estado procurar la incorporación del indio a la vida nacional.

Una legislación especial determinará lo relacionado con esta materia, teniendo en cuenta las características culturales y las condiciones económicas de la población indígena.

Artículo 73. Todos pueden dedicarse libremente al comercio o la industria y el ejercicio de cualquier otra actividad lucrativa, sin más limitaciones que las establecidas por esta Constitución y las leyes por razones sanitarias o de seguridad pública. El Estado protegerá la iniciativa privada, pero podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias , explotaciones o servicios de interés público para asegurar el normal funcionamiento de éstos o la defensa o crédito de la Nación, y el derecho de dictar medidas de orden económico para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación y el consumo de la riqueza, a fin de lograr el desarrollo de la economía nacional.

Artículo 74. La exportación no podrá prohibirse o limitarse sino cuando lo exijan los intereses generales de la Nación.

Artículo 75. La República tendrá un Consejo de Economia Nacional integrado con la representación del capital, del trabajo, de las profesiones liberales y del Estado, en la forma con las atribuciones que determina la Ley.

El decreto de restricción o suspensión de garantías expresará:

1º. Los motivos que los justifiquen;
2º. La determinación de las garantías que se restrinjan o suspendan;
3º. El territorio que afectará la restricción o suspensión.

Artículo 77. Si las circunstancias no exigiesen la restricción o la suspensión de las garantías, pero hubiere fundados indicios de la existencia de planes o actividades que tengan por objeto derrocar los Poderes constituidos, por golpe de estado u otros medios violentos, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, podrá ordenar la detención preventiva de las personas contra quienes obren graves motivos para considerárselas comprometidas en dichos planes o actividades. Estas medidas serán sometidas, dentro de los diez días siguientes a su ejecución, a la consideración del Congreso Nacional o, durante el receso de éste, a la Comisión Permanente, para su aprobación o improbación; y serán suspendidas al cesar las causas que las motivaron. Si fueren aprobadas por el Congreso Nacional o por la Comisión Permanente y no fueren suspendidas dentro de los 60 días siguientes a dicha aprobación, el Presidente de la República cumplido este último plazo, las someterá al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá sobre su mantenimiento o suspensión tomando en cuenta, además de las disposiciones legales, la seguridad del Estado, y la preservación del orden público.

Artículo 78. La restricción de garantías no afectará en ningún caso el funcionamiento de los Poderes Públicos de la Nación, cuyos miembros gozarán siempre de las prerrogativas que les reconoce la Ley.

Artículo 80. El sufragio es derecho y función pública privativa de los venezolanos, pero podrá hacerse extensivo para las elecciones municipales y conforme a la Ley, a los extranjeros que tengan más de diez años de residencia ininterrumpida en el país.

Artículo 81. Son electores todos los venezolanos hombres y mujeres, mayores de diez y ocho años, no sujetos por sentencia definitivamente firme a interdicción civil ni a condena penal que lleve consigo la inhabilitación política.

Artículo 82. Son elegibles y aptos para el desempeño de cualquier cargo público, los electores que sepan leer y escribir, mayores de veintiún años, sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y las derivadas de las condiciones de aptitud que, para el ejercicio de determinados cargos, requieran las leyes.

Artículo 83. La Ley reglamentará el principio de representación proporcional de las minorías y propenderá a que en los organismos electorales no predomine ningún partido o agrupación política.

Artículo 85. En posesión como está la República del Derecho de Patronato Eclesiástico, lo ejercerá conforme lo determine la Ley. Sin embargo, podrán celebrarse convenios o tratados para regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Artículo 86. El Poder Público se distribuye entre Poder Municipal, el de los Estados y el Nacional, y su organización y funcionamiento se rigen en todo caso, por los principios de gobierno republicano, federal, popular , representativo, alternativo y responsable.

Artículo 87. Toda autoridad ususrpada es ineficaz y sus actos son nulos. Es igualmente nula toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o reunión del pueblo en actitud subversiva.

Artículo 88. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por extralimitación de las facultades que esta Constitución señala o por quebrantamiento de la ley que determina sus funciones, en los términos que ella misma establece.

Todos los funcionarios públicos quedan, además, sujetos a pena, conforme a la ley, por los delitos que cometieren.

Artículo 89. Todo funcionario público está obligado a prestar juramento antes de tomar posesión de su cargo, a formular declaración jurada de sus bienes en los casos que determine la Ley y a someterse a todos los requisitos y consecuencias que ésta determine para el ejercicio de los cargos que envuelvan administración de fondos públicos.

Artículo 90. El Estado dictará un estatuto que rija sus relaciones con los funcionarios y empleados públicos, en el cual se establecerán las normas de ingreso a la administración y las de ascenso, traslado, suspensión y retiro.

Los empleados públicos están al servicio de la Nación y no de parcialidad política alguna.

Artículo 91. Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado. La aceptación de un segundo destino de esta especie implica la renuncia del primero. Se exeptúan de esta disposición los cargos accidentales, académicos, electorales, docentes, asistenciales y edilicios.

Artículo 92. Ningún empleado público podrá admitir cargos, honores, recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda la correspondiente autorización de la Cámara del Senado. Los infractores serán penados conforme a la Ley.

En tiempo de paz no les está permitido hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna clase sino a las autoridades civiles y en la forma y modo que determine la Ley.

Artículo 94. Las Fuerzas Armadas Nacionales se clasificarán y organizarán conforme a la Ley y tendrán las misiones particulares que ésta les señale.

Artículo 95. El estado propenderá a que la organización y las funciones que se fijen a las Fuerzas Armadas Nacionales respondan a la norma de dignificación de sus integrantes y al concepto de institución impersonal al servicio exclusivo de la Nación.

Las Fuerzas Armadas Militares tendrán como misión específica garantizar la defensa nacional, y solo en las circunstancias que señale la Ley podrán asignárseles otras funciones accidentales que, en todo caso, se referirán al orden público.

Artículo 96. Las Fuerzas Armadas Militares se constituirán con el contingente que proporcionalmente a su población sea llamado a servicio en cada uno de los Estados, en el Distrito Federal y en los Territorios y Dependencias Federales, de acuerdo con la Ley.

Artículo 97. Los Estados y las Municipalidades no podrán mantener otras fuerzas sino las de la policía municipal.

Artículo 98. Todos los elementos de guerra que se encuentren el país o se introduzcan del exterior, pertenecen a la Nación y deberán estar bajo el control del Despacho Ejecutivo que señale la Ley.

Artículo 99. Los Miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, mientras permanezcan en servicio activo, no podrán ejercer el derecho del sufragio, pertenecer a agrupaciones políticas ni tomar parte en las actividades de éstas.

Artículo 100. En los días de votaciones las Fuerzas Armadas Nacionales estarán en comisión permanente de servicio y solo podrán salir de sus cuarteles para garantizar el orden público y el normal y libre desenvolviminto de las votaciones.

Artículo 101. Los grados militares sólo podrán obtenerse conforme a Ley, y sus poseedores no podrán ser privados de ellos ni de sus honores y pensiones sino en los casos y en la forma que aquélla determine.

Artículo 102. El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela es la suprema autoridad jerárquica de la Fuerzas Armadas Nacionales y las comandará a través de los Despachos Ejecutivos y por medio de los funcionarios que la Ley señale.

Artículo 103. El Consejo Supremo de la Defensa Nacional es el máximo organismo de dirección y coordinación de las Fuerzas Armadas Nacionales, y estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, y por los miembros del Gabinete Ejecutivo y los funcionarios de dichas Fuerzas que la Ley determine.

Artículo 105. Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que celebre el Poder Ejecutivo deberán ser aprobados por el Congreso Nacional para que tengan validez, salvo que mediante ellos se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, de aplicar principios expresamente reconocidos por ella, de la ejecución de actos ordinarios en las relaciones internacionales o del ejercicio de facultades que la Ley atribuya expresamente al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso Nacional podrá autorizar la ejecución provisional de tratados o acuerdos internacionales cuya urgencia asi lo requiera, los cuales serán sometidos, en todo caso, a la posterior aprobación o improbación de las Cámaras Legislativas.

En todo caso, el Ejecutivo Nacional dará cuenta de los tratados, convenios o acuerdos que celebre, con indicación precisa de su carácter y contenido, a las Cámaras Legislativas en sus próximas sesiones, estén o no sujetos a la aprobación de ellas.

Artículo 106. En los compromisos internacionales que la República contraiga, se insertará una cláusula por la cual las partes se obligan a decidir por las vías pacíficas reconocidas en el Derecho Internacional, o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de la interpretación o ejecución del pacto, siempre que ello se juzgue necesaria dada la índole de éste o asi lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración.

Artículo 107. Ningún contrato de interés público nacional, estadal o municipal, podrá ser celebrado con gobierno extranjero, ni traspasado a ellos en todo o en parte. Tampoco podrán celebrarse con sociedades que no estén domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a éstas los suscritos con terceros.

Para celebrar tales contratos con entidades oficiales o semioficiales extranjeras con personeria jurídica autónoma, o para traspasarlos a ellas, en todo o en parte, se requerirá, en cada caso, la autorización de las Cámaras Legislativas o de la Comisión Permanente, si fueran urgentes y estuvieren las Cámaras en receso.

Artículo 108. En los contratos a que se refiere el artículo anterior, si fuere procedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporado, aun cuando no estuviera expresa, una cláusula por la cual se establezca que las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de Venezuela, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.

La Ley Orgánica del Distrito Federal podrá establecer, sin embargo, un régimen especial de su Poder Municipal, de acuerdo a las necesidades de los Departamentos que lo constituyen.

Artículo 110. En su carácter de personas morales de derecho público, las Municipalidades tienen personalidad jurídica; y su representación compete al Concejo Municipal, como personero de los Municipios que integran el Distrito.

Artículo 111. La Nación garantiza la autonomia de las Municipalidades y, en tal virtud:
 

a) Los Concejos Municipales no podrán ser intervenidos en el ejercicio de sus funciones por las autoridades nacionales o estadales, y las ordenanzas, acuerdos o resoluciones que ellos dicten no podrán ser vetados, ni en modo alguno impugnados, sino ante la autoridad judicial competente, en los caso y mediante los trámites que señale la Ley.

b) Ninguna autoridad nacional o estadal podrá coartar, impedir ni suspender a los empleados municipales en el ejercicio de sus funciones. Solo las autoridades judiciales, mediante procedimiento y por las causas que señale la Ley, acordarán la suspensión de los funcionarios del Poder Municipal cuando incurran en las infracciones que defina la propia Ley;

c) Toda autoridad respetará la autonomia fiscal de las Municipalidades, y, en consecuencia, se abstendrá de invadir la competencia que corresponde a éstas para organizar y administrar sus rentas, y de recabar de dichas rentas todo o parte de los ingresos que recaude la Municipalidad.

d) Las Municipalidades no estarán obligadas a pagar los servicios nacionales o estadales que se organicen en su beneficio y cuya administración no hubieran asumido, sino cuando tal obligación resulte de contrato legalmente celebrado.

1º. Organizar sus servicios de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público, acueductos, transportes urbanos, institutos de crédito y demás de carácter municipal.

2º. Organizar sus servicios de asistencia social, con sujeción a las leyes y reglamentos nacionales y bajo la inspección y vigilancia del respectivo servicio nacional, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 18 del artículo 138 de esta Constitución.

3º. Organizar los servicios adecuados para combatir el abandono, la vagancia, el alcoholismo, el analfabetismo, y la prostitución, de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales respectivos;

4º. Fomentar y encauzar el urbanismo con arreglo a las normas que establezca la Ley y en coordinación con los organismos técnicos nacionales;

5º. Organizar y administrar sus rentas, que están constituidas por los ingresos provenientes de los siguientes ramos:
 

a) Patentes sobre la industria, el comercio y toda clase de vehículos;

b) Impuestos y contribuciones sobre inmuebles urbanos y espectáculos públicos;

c) Venta, arrendamiento o explotación de ejidos y demás bienes propios, sin perjuicio, en lo referente a la enajenación de ejidos, de lo dispuesto en el artículo 119 de esta Constitución.

d) Derechos de aferición, acueductos, cementerios, alumbrado público y otros servicios municipales.

e) El producto de las penas pecuniarias que impongan las autoridades municipales en ejercicio de sus atribuciones legales, y el de las que, en virtud de leyes especiales, se destine al fisco municipal, cualesquiera que sea la autoridad que las imponga;

f) La parte del situado constitucional que le corresponda conforme al artículo 238 de esta Constitución, y

g) Las demás de carácter municipal.

Artículo 114. Los miembros de los Concejos Municipales serán elegidos por votacíon universal, directa y secreta en conformidad con la Ley.

Artículo 115. El Presidente del Concejo Municipal es el órgano preciso ejecutor de las decisiones del cuerpo, y será elegido por éste, de su seno, de acuerdo con la Ley.

Artículo 116. El cargo de concejal es obligatorio e incompatible con cualquier cargo remunerado de la rama ejecutiva, salvo que se trate de cargos accidentales, académicos, docentes o asistenciales.

Artículo 117. En el ejercicio de su autonomía, las Municipalidades respetarán lo dispuesto en los artículos 121 y 138 de esta Constitución y estarán sujetas a las restricciones señaladas en el artículo 127 de la misma.

Artículo 118. La Nación reconoce que para el progreso y desarrollo de las poblaciones es condición indispensable la posesión de ejidos; y en consecuencia, de conformidad con la Ley, formará catastro de los terrenos ejidales, dotará de éstos a cada Municipio y prestará su concurso para la reivindicación de las tierras municipales que estén o sean indebidamente ocupadas.

Artículo 119. Los ejidos son enalienables e imprescriptibles, salvo para construcciones en los casos y previas las formalidades señaladas en las ordenanzas municipales respectivas.

Artículo 121. Es de la competencia de los Estados.

1º. Conservar sus actuales nombres o cambiarlos;

2º. Establecer o modificar su división politico-territorial;

3º. Dictar su propia Constitución y organizar y elegir sus poderes públicos, en conformidad con esta Constitución y las leyes;

4º. Administrar sus bienes propios, con excepción de los señalados en el ordinal 12 del artículo 138, y disponer del situado constitucional y de las demás rentas que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en los artículos 238 y 247 de esta Constitución.

5º. Decretar, para obras reproductivas o de interés público, empréstitos internos cuyas obligaciones anuales no podrán exceder, en ningún caso, del diez por ciento del presupuesto ordinario de las rentas;

6º. Promover y fomentar el desarrollo de la producción y el incremento de los intereses generales del Estado y cooperar con el Poder Nacional o Municipal en el mejor abastecimiento de las poblaciones y en el mantenimiento del nivel normal de los precios de los artículos de primera necesidad para evitar la especulación y el alto costo de la vida;

7º. Abrir y conservar los caminos vecinales y ejecutar obras públicas estadales que sean necesarias, sin perjuicio del derecho que corresponde a la Nación y a las Municipalidades de emprender por su cuenta las que tengan a bien.

Los proyectos de obras que así lo requieran deberán ser sometidos previamente a la aprobación de los organismos técnicos nacionales correspondientes.

8º. Todo lo demás no reservado expresamente por esta Constitución o las leyes a la Nación o a las Municipalidades.

Artículo 123. Sin perjuicio de requerir los servicios de los poderes de los Estados en todos los casos en que deben prestar su cooperación al Gobierno Nacional, éste podrá tener en el territorio de aquéllos los funcionarios y empleados nacionales necesarios, y los oficiales, soldados y empleados de las Fuerzas Armadas.

Los Jefes de Fuerza y los demás empleados nacionales en los Estados tendrán jurisdicción en lo relativo a sus respectivos destinos, sin ningún fuero ni privilegio que los diferencie de los demás ciudadanos residentes en el respectivo Estado; pero éste no les podrá imponer deberes que sean incompatibles con el servicio nacional que les esté encomendado.

Artículo 124. Los Estados no podrán declararse ni hacerse la guerra, en ningún caso, y guardarán estricta neutralidad en las disensiones que ocurran entre otros Estados, mientras no sean requeridos a obrar por el Gobierno Nacional, al cual deben prestar su cooperación en las medidas que dicte para el restablecimiento de la paz.

Artículo 125. Los Estados no permitirán en su territorio enganches o levas que puedan tener por objeto atacar la paz, la libertad o la independencia de otras naciones, o perturbar la paz interna de la República.

Artículo 126. El Gobierno Nacional podrá establecer en el territorio de los Estados los fuertes, muelles, almacenes, astilleros, aeródromos, penitencierias, estaciones de cuarentena y demás obras necesarias para la administración nacional;

Artículo 127. Los estados no podrán:

a) Negociar empréstitos con el extranjero;

b) Crear aduanas, cobrar impuestos de importación, exportación o tránsito sobre mercancías extranjeras de paso para territorio extranjero, ni sobre las demás materias rentísticas que corresponden a la competencia nacional y municipal;

c) Cobrar impuesto sobre el tránsito de ninguna clase de bienes sean nacionales o extranjeros;

d) Mantener otras fuerzas que no sean las de la policía municipal;

e) Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su jurisdicción, ni gravarlos con impuestos diferentes a los que se paguen por le consumo de esos mismos bienes , cuando sean producidos en la localidad.

f) Gravar ninguna clase de bienes de consumo, sean nacionales o extranjeros, sino al entrar en circulación dentro del Estado.

g) Crear impuestos sobre el ganado en pie o sobre sus productos o sub-productos.

Artículo 129. La Asamblea Legislativa será elegida por votación directa, universal y secreta, de acuerdo con la Ley, y su integración se regirá por las respectivas Constituciones.

Artículo 130. El cargo de representante a la Asamblea Legislativa durante todo el respectivo período es incompatible con cualquier cargo de la rama ejecutiva, excepto los de carácter académico, docente y asistencial.

Artículo 131. Son atribuciones de las Asambleas Legislativas:
 

1º. Dictar la Constitución y las Leyes orgánicas del Estado, y legislar sobre las materias correspondientes a la competencia del mismo;

2º. Aprobar o improbar la gestión del Gobernador del Estado. La improbación accarreará de derecho la remoción del Gobernador cuando así lo decidieran las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea.

3º. Aprobar o modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto de Rentas y Gastos Públicos que le presente el Gobernador del Estado, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 238 de esta Constitución; y

4º. Las demás que les atribuyan esta Constitución, la del Estado y las leyes.

Artículo 133. Para ser Gobernador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de edad, de estado seglar y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 134. El Gobernador es el agente del Poder Nacional en el respectivo Estado, y, con tal carácter cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes de la República y ejecutará las órdenes y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional en asuntos de la competencia de éste.

Artículo 135. Además de los que corresponden como agentes del Poder Nacional, los Gobernadores tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1º. Nombrar y remover sus Secretarios, los funcionarios de la rama ejecutiva y los demás empleados de su dependencia, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes que lo reglamenten la carrera administrativa;

2º. Presentar anualmente Memoria detallada de su gobierno y Cuenta de su administración a la Asamblea Legislativa, para su aprobación o improbación;

3º. Presentar anualmente a la misma Asamblea, el proyecto de Ley de Presupuesto de Rentas y Gastos públicos del Estado para su consideración y sanción, y

4º. Las demás que les señalen las Constituciones y leyes de los Estados.

Cada una de las ramas del Poder Nacional tiene sus funciones propias pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre si y con los demás Poderes Públicos en la realización de los fines del Estado.

1º. La actuación internacional de los Estados Unidos de Venezuela como nación soberana.

2º. Lo concerniente a la Bandera, Escudo de Armas, Himnos y Fiestas Nacionales; y a las condecoraciones y honores que otorga la República.

3º. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la Nación, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de las leyes en todo el territorio nacional.

4º. La administración de la justicia, el Ministerio Público y el régimen de cárceles y penitencierias.

5º. La organización y régimen del Distrito Federal y de los Territorios y Dependencias Federales.

6º. Todo lo concerniente a elecciones, naturalización, admisión y expulsión de extranjeros; inmigración y colonización; expropiación por causa de utilidad pública o social; propiedad literaria artística e industrial, y registro público.

7º. El régimen de pesas y medidas.

8º. Todo lo concerniente a Bancos y demás instituciones de crédito sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 112 de esta Constitución.

9º. Todo lo concerniente al sistema monetario nacional y a la circulación en el país de la moneda extranjera.

10. La organización, control, recaudación e inversión del impuesto a la renta o al capital; de los impuestos de timbres fiscales, sucesiones, registro; alcoholes y licores; fósforos, tabaco y cigarrillos; minas e hidrocarburos; y las demás rentas, no atribuidas a los Estados o a las Municipalidades, que, con el carácter de impuestos nacionales, creare la Ley.

11. El régimen de aduanas y la organización, control, recaudación e inversión de los impuestos y derechos que en ellas se cobren.

12. La administración de las salinas, tierras baldías, minas e hidrocarburos y ostrales de perlas, y la conservación, fomento, y aprovechamiento de los montes, aguas y otras riquezas naturales del país. El Ejecutivo Nacional podrá vender, arrendar o dar en ajudicación gratuita los terrenos baldíos, otorgando siempre un derecho de preferencia en favor de los ocupantes; pero no podrá enajenar las Salinas, ni otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. La renta de dichos bienes, inclusive el producto de la venta de los terrenos baldíos, ingresará al Tesoro Nacional.

13. Todo lo relativo a las Fuerzas Armadas Nacionales y a los elementos que le son propios.

14. La formación del censo y de la estadística nacionales.

Para los actos que sea menester tomar como base la población, así de la Nación como la de los Estados, Distrito Federal y Territorios y Dependencias Federales, servirá de norma, el último censo de la República, aprobado por el Congreso Nacional.

15. Todo lo relativo al establecimiento, coordinación y unificación de normas de ingenieria, de arquitectura y urbanismo, y la creación y funcionamiento de los organismos correspondientes.

16. La planificación y ejecución de las obras públicas nacionales.

17. La apertura y conservación de las vías de comunicación nacionales; los cables aéreos de tracción y las vías férreas, aunque estén dentro de los límites de un Estado, salvo que se trate de tranvías o cables de tracción urbanos cuya concesión y reglamentación compete a las respectivas Municipalidades.

18. Todo lo concerniente a la educación Nacional.

19. La dirección técnica, el establecimiento de normas administrativas y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de la salud pública. La Ley podrá establecer la nacionalización de estos servicios públicos de acuerdo con el interés colectivo.

20. Todo lo relativo a sanidad animal y vegetal.

21. La conservación y fomento de la agricultura y de la cría.

22. Todo lo relativo a trabajos, previsión y seguridad social.

23. Todo lo relativo a transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial y lacustre.

24. Todo lo relativo al régimen de correos, telégrafos, teléfonos y comunicaciones inalámbricas.

25. La legislación reglamentaria de las garantías que otorga esta Constitución; la legislación civil, mercantil, penal y de procedimientos y la relativa a todas las materias de la competencia nacional, y

26. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya a los Poderes Nacionales.

Artículo 140. Los períodos Constitucionales de los Poderes Nacionales durarán cinco años.

Artículo 142. No podrán ser elegidos Diputados ni Senadores:

1º. El Presidente de la República y los ministros de los Despachos Ejecutivos, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal general de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la Nación, hasta tres meses después de separados de sus cargos.

2º. Los parientes del Presidente de la República dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad.

3º. Los Gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y los Territorios Federales, mientras estuvieren en posesión de sus cargos y dentro de los tres meses siguientes al término de su ejercicio.

4º. Los Directores, Administradores o Representantes de Institutos Oficiales Autónomos, o de organizaciones o empresas en las cuales el Estado tenga participación económica decisiva, mientras estén en posesión de sus respectivos cargos y dentro de los tres meses siguientes al término de su ejercicio.

5º. Cualquier otro funcionario o empleado público que para el día de su postulación o dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la elección, ejerciere cargo remunerado, salvo que sea accidental, electoral, docente o asistencial o de la rama legislativa.

6º. Los Ciudadanos que para el día de su postulación o dentro de los treinta días anteriores a la fecha de la elección, actúen en su propio nombre o en interés de otro como contratistas o gestores de negocios del Estado, en los casos que determine la Ley.

Artículo 144. Los Diputados y Senadores no pueden celebrar, en su propio nombre ni en representación de otro, contrato alguno con la Nación, los Estados o las Municipalidades, ni gestionar ante éstos reclamos de tercero.

Artículo 145. Los Diputados y Senadores no serán en ningún tiempo, por la opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 146. Mientras dure su mandato ningún Diputado o Senador podrá ser preso, arrestado, confinado ni en modo alguno detenido ni coartado en el ejercicio de sus funciones, a menos que incurra en flagrante delito. En este caso y en cualquier otro que se impute a un Diputado o Senador la comisión de un hecho punible, se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, que es la competente para decidir, por el voto las dos terceras partes de sus miembros, el enjuiciamiento correspondiente, y la suspensión en sus funciones del indiciado, quien podrá reincorporarse a ella al quedar destruidos por sentencia firme los fundamentos del juicio.

En todo caso, la Cámara requerida ordenará la iniciación, continuación o paralización del procedimiento, dentro de cinco días a partir de la sesión en la cual se hubiere dado cuenta de los hechos.

Artículo 147. Las Cámaras velarán por que se respete en toda su plenitud la inmunidad que protege a sus miembros y podrán ordenar la paralización de los juicios instaurados contra ellos y la libertad de los que estuvieren detenidos, por el tiempo de las sesiones o por el que falte para el vencimiento del período constitucional respectivo. Sin embargo, deberán autorizar la continuación del procedimiento judicial cuando expresamente lo pida el Diputado o Senador que sea parte en el mismo.

Artículo 148. Durante el receso de las Cámaras Legislativas, la Comisión Permanente conocerá de las causas que puedan afectar la inmunidad de los Diputados y Senadores, pero sus decisiones requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, y quedarán sin efecto cuando no sean ratificadas por la respectiva Cámara en las sesiones inmediatas del Congreso Nacional.

Artículo 149. La Ley fijará los emolumentos mensuales que hayan de recibir por sus servicios los Diputados y Senadores durante todo el período de us ejercicio; pero los aumentos que las Cámaras acordaren a dicha remuneración sólo entrarán en vigencia a partir de la renovación de éstas.

Artículo 150. La Ley determinará la manera de llenar las faltas absolutas de los miembros de ambas Cámaras, cuando se hubiere agotado la respectiva lista de suplentes.

Los Territorios Federales elegirán un total de dos Diputados, en la forma que lo determine la Ley.

Parágrafo Primero. Igualmente se elegirán, en conformidad con la Ley, los suplentes que han de llenar las faltas absolutas o temporales de los principales.

Parágrafo Segundo. Al reglamentar el principio de la representación proporcional de las minorías, la ley podrá establecer la elección de Diputados adicionales.

Artículo 152. Podrán ser elegidos Diputados los venezolanos que llenen las condiciones señalados en el artículo 82 de esta Constitución y no estén comprendidos en las causales previstas en el artículo 142; pero los venezolanos por naturalización deberán además, estar domiciliados en el país y tener la condición de naturalizados por un tiempo no menor de ocho años.

Artículo 153. Son atribuciones privativas de la Cámara de Diputados:

1º. Admitir o iniciar la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos y de cualquier otro concerniente al régimen tributario de la Nación.

2º. Dar voto de censura a los Ministros del Despacho.

La moción de censura debe ser consignada previamente en la Secretaría de la Cámara; sólo podrá discutirse cuarenta y ocho horas después de su presentación y surtirá sus efectos si es aprobada por las dos terceras partes de los Diputados presentes, quienes, en el mismo acto, decidirán si la censura acarrea la remoción del Ministro. En tal caso el voto de censura se comunicará al Presidente de la República para que lo ejecute y disponga del enjuiciamiento del Ministro si hubiere incurrido en responsabilidad, y

3º. Las demás que señalen las leyes.

Al reglamentar el principio de la representación proporcional de las minorías, la Ley establecerá la forma de elección de Senadores adicionales, a base de cuociente nacional; pero en ningún caso se podrá atribuir a un partido o grupo político más de dos Senadores por este sistema.

Artículo 155. Podrán ser elegidos Senadores los venezolanos por nacimiento que, además de las condiciones señaladas en el artículo 82 de esta Constitución, sean mayores de treinta años y no estén comprendidos en las causales señaladas en el artículo 142 de la misma.

Artículo 156. Son atribuciones privativas de la Cámara de Senadores:

1º. Acordar a venezolanos ilustres o a extranjeros que hayan prestado servicios eminentes a la República, los honores del Panteón Nacional, después de transcurrirse veinte y cinco años de su fallecimiento;

2º. Autorizar el ascenso de los oficiales militares y de aviación desde Coronel, y de los navales desde Capitán de Navío ambos inclusive;

3º. Autorizar a los empleados de la Nación, de los Estados o de las Municipalidades para recibir cargos, honores y recompensas de gobiernos extranjeros, sin lo cual no podrán admitirlos, y

4º. Los Demás que señalen las leyes.

Las sesiones ordinarias de las Cámaras Legislativas durarán noventa días, pro podrán ser prorrogadas hasta por noventa días más mediante el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso, a iniciativa de cualquiera de la Cámaras o el Poder Ejecutivo Nacional.

Durante el lapso a que se refiere este artículo todos los días y horas serán hábiles y se considerarán como sesiones ordinarias cuantas en ellos se celebren.

Artículo 158. Las Cámaras Legislativas podrán reunirse también en sesiones extraordinarias, cuando a ellas sean convocadas por la Comisión Permanente, a iniciativa propia o a petición del Ejecutivo Nacional, o de la cuarta parte de los miembros del Congreso. En dichas sesiones sólo se tratarán las materias expresadas en la convocatoria, salvo que, al legislar sobre ellas, sea también menester reformar la legislación que rija en materias conexas. Asimismo, podrán las Cámaras en sesiones extraordinarias, actuar en materias de emergencia y en aquellas contenidas en las atribuciones 8ª y 9ª del artículo 162 de esta Constitución.

Artículo 159. Las Cámaras se instalarán con las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos, y, a falta de ese número, los concurrentes, constituidos en Comisión Preparatoria, dictarán las medidas que fueren necesarias para la asistencia de los ausentes.

Después de la sesión de apertura, las cámaras podrán sesionar con la asistencia de la mayoria absoluta de sus miembros respectivos.

Artículo 160. Las Cámaras funcionarán siempre en una misma población, se instalarán y clausurarán sus sesiones en un mismo día y a la misma hora, y ninguna de ellas podrá suspenderlas antes del término fijado, ni cambiar de residencia, sin el consentimiento de la otra. En Caso de divergencia, se reunirán en Congreso y se efectuará lo que éste resuelva.

Artículo 161. Son atribuciones comunes a ambas Cámaras:

1ª. Dictar su Reglamento Interior y de Debates y acordar la corrección de quienes lo infrinjan;

2ª. Establecer y reglamentar el servicio de policía en el local de sus sesiones;

3ª. Remover los obstáculos para el ejercicio de sus funciones;

4ª. Mandar a ejecutar sus resoluciones privativas;

5ª. Calificar a sus miembros y oir sus renuncias;

6ª. Nombrar comisiones de investigación, que podrán exigir de cualquier autoridad nacional, estadal o municipal, la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones;

7ª. Hacer comparecer a los Ministros del Despacho e interpelarlos sobre materias de su competencia; y

8ª. Las demás que les señale la Ley.

1ª. Aprobar o negar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, que están sujetos a este requisito conforme a lo dispuesto al artículo 105 de esta Constitución;

2ª. Decretar el estado de emergencia, aprobar las medidas necesarias para la defensa nacional y autorizar las que se requieran para dar cumplimiento a las obligaciones de la República en la comunidad internacional, de acuerdo con los pactos en que ella sea parte;

3ª. Autorizar o requerir al Ejecutivo Federal para que negocie la paz y aprobar o negar los tratados que sobre ella se celebren;

4ª. Decretar todos los impuestos nacionales;

5ª. Sancionar la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, con las modificaciones que juzgue procedente, y ateniéndose a lo dispuesto por el artículo 208 de esta Constitución;

6ª. Decretar empréstitos y determinar todo lo relativo a la deuda nacional;

7ª. Aumentar la base de población fijada por esta Constitución para la elección de Diputados, conforme al último censo aprobado;

8ª. Autorizar al Poder Ejecutivo Federal, so pena de nulidad, para enajenar bienes inmuebles del patrimonio privado de la Nación, y para celebrar contratos de interés nacional, los cuales no serán válidos ni entrarán en vigencia, sino después que hayan sido aprobados por las Cámaras. Se exceptúan los contratos o títulos mineros y de tierras baldías, y los demás que fueren necesario para el normal desarrollo de la Administración Pública, salvo los casos que determine la Ley;

9ª. Autorizar, temporalmente, al Presidente de la República para ejercer determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica y financiera de la Nación, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran.

10. Aprobar en cada oportunidad, el Censo Nacional, cuando en su formación hubieren sido observadas las formalidades legales y, en caso contrario, ordenar su levantamiento, en todo o en parte.

11. Conceder amnistías.

12. Legislar sobre el funcionamiento de los Poderes Nacionales;

13. Legislar sobre la creación, organización y funcionamiento de Institutos o establecimientos oficiales autónomos;

14. Dictar leyes de carácter general sobre pensiones civiles, jubilaciones, retiros o montepios militares, pagaderos por el Tesoro Nacional;

15. Dictar leyes para fomentar las instituciones de solidaridad social; y

16. Legislar sobre las materias de la competencia nacional que así lo exijan.

Artículo 164. El Presidente de la Cámara de Senadores y el de la de Diputados, deben ser venezolanos por nacimiento y son de derecho, respectivamente, Presidente y Vice-Presidente del Congreso Nacional.

Artículo 165. Son atribuciones de las Cámaras reunidas en Congreso:

1ª. Elegir los funcionarios cuya designación les atribuya esta Constitución y las leyes;

2ª. Proclamar Presidente de los Estados Unidos de Venezuela al candidato electo de acuerdo con el escrutinio practicado por el organismo competente, y recibirle la promesa de Ley;

3º. Conocer de la renuncia del Presidente de la República o de quien haga sus veces;

4ª. Conocer del mensaje anual del Presidente de la República.

5ª. Examinar y aprobar o improbar las Memorias y Cuentas de los Ministros del Despacho, y de cualquier otro organismo o funcionario que, de acuerdo con esta Constitución o las leyes, deba informar directamente a las Cámara de la gestión que le corresponda;

6ª. Examinar y aprobar o improbar los créditos adicionales decretados, previas las formalidades legales por el Presidente de la República;

7ª. Elevar a la categoria de Estado al Territorio Federal que así lo solicite, siempre que llene las condiciones previstas en el artículo 8º de esta Constitución;

8ª. Escrutar los votos de las Asambleas Legislativas en los casos previstos en el artículo 252 de esta Constitución;

9ª. Autorizar al Presidente de la República para salir del territorio nacional;

10. Dictar el Reglamento Interior y de Debates del Congreso Nacional, y

11. Las demás que les señalen esta Constitución y las leyes.

Artículo 167. Presentado un Proyecto, se le dará lectura, y si fuere admitido, se pasará a la Comisión Permanente respectiva, para su estudio, consideración e informe, a menos que la Cámara decida considerarlo de inmediato en primera discusión. En todo caso, los proyectos de leyes recibirán en cada Cámara, tres discusiones, con intervalos de dos días por lo menos, y con observancia de las reglas que se establezcan para los debates.

El proyecto que hubiere sido aprobado definitivamente en una de las dos Cámaras se pasará a la otra para que lo discuta, y si ésta también lo aprobare, lo devolverá a la Cámara de origen con las modificaciones del caso.

Artículo 168. Cuando la Cámara iniciadora admitiere las modificaciones aprobadas por la otra, quedará sancionada la ley. En caso contrario, las Cámaras se reunirán en Congreso y decidirán, por mayoría de votos, lo que fuere procedente respecto de los artículos en que hubiere discrepancia, y de los que tuvieren conexidad con éstos, pudiendo acordarse una redacción diferente de las adoptadas en una y otra Cámara.

Artículo 169. Los proyectos rechazados en las sesiones de un año no podrán ser presentados de nuevo sino en las de años posteriores.

Parágrafo único. Los proyectos que quedaren pendientes en las sesiones ordinarias de la Cámaras, podrán seguir discutiendo en sesiones extraordinarias inmediatas cuando sean declaradas urgentes por el Congreso Nacional, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Igualmente podrá continuarse la discusión de ellos en las sesiones ordinarias del año siguiente, si así lo acordare, por la mayoria señalada en este artículo, la Cámara donde se estaba discutiendo.

Artículo 170. Al texto de las leyes precederá siempre la siguiente fórmula: "El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela decreta".

Artículo 171. Los Ministros del Despacho podrán tomar parte, sin derecho a voto, en la discusión de la leyes.

Igualmente, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen voz en las discusiones de las leyes de procedimiento y en las relativas a la organización del Poder Judicial.

Artículo 172. Una vez sancionados los actos legislativos, se extenderán por duplicado conforme hayan quedado redactados en las discusiones, sin que puedan hacérsele al texto modificaciones ni alteraciones.

Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente, el Vice-Presidente y los Secretarios del Congreso, y llevarán la fecha de la definitiva aprobación del acto.

Uno de dichos ejemplares será enviado por el Presidente del Congreso al Presidente de la República, a fin de que promulgue el acto legislativo.

Artículo 173. El Presidente de la República promulgará los actos legislativos dentro de los diez días siguientes a su recibo; pero en el mismo término podrá recomendar su reconsideración al Congreso, y solicitar que se les levante la sanción o se les modifique, por razones de orden técnico o de conveniencia nacional, que expondrá en escrito dirigido al Presidente de aquél.

Cuando el Presidente de la República pida que se le levante la sanción a un acto legislativo, el Congreso decidirá acerca de su solicitud en una sola discusión y por mayoria de votos; y en el caso de que solo recomiende alteraciones al texto de aquél, las modificaciones propuestas y los textos que tengan conexidad con ellas recibirán dos discusiones en ambas Cámaras, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos anteriores. En uno y otro caso, el Presidente de la República se atendrá a lo resuelto por el Congreso y promulgará el acto legislativo devuelto por la Cámaras, dentro de los cinco días siguientes.

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Presidente de la República por su omisión, el Presidente del Congreso ordenará la promulgación de los actos legislativos cuando aquel no lo hiciere en los términos señalados por esta disposición.

Artículo 174. Cuando los diez días señalados en el artículo anterior vencieren después de concluido el período de sesiones de las Cámaras, el Presidente de la República podrá solicitar la prórroga a que se refiere el artículo 157, para ejercer la facultad que se le confiere en la primera de las citadas disposiciones.

Artículo 175. La promulgación de los actos legislativos se hará mediante su publicación, con el correspondiente Ejecútese, en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela.

En caso de discrepancia entre el original y la impresión de la ley, se la volverá a publicar, corregida, en el citado órgano oficial.

Artículo 176. La ley entrará en vigencia en la fecha que ella misma señale y, a falta de tal señalamiento, desde su publicación en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela .

Artículo 177. Las leyes solo se derogarán por otras leyes, y podrán ser reformadas total y parcialmente.

Artículo 178. Iniciada la reforma parcial de una ley no podrá ser propuesta y considerada la reforma de otro u otros artículos después de la primera discusión, a menos que la Cámara donde curse la reforma , resolviere sustituir el proyecto por otro mas amplio, el cual se tendrá como nuevo.

Artículo 179. Aprobada en ambas Cámaras la reforma parcial, la ley reformada se imprimirá en un solo texto, sustituyéndose los artículos reformados por los nuevamente aprobados y corrigiéndose la numeración en caso de adición o supresión de artículos. La ley reformada derogará en su totalidad la ley anterior, llevará la fecha en que fué sancionada la reforma, será firmada de acuerdo con el artículo 172 de esta Constitución, por los funcionarios que la autorizaron y señalara los números de los artículos reformados.

Artículo 180. La facultad de legislar, que corresponde al Congreso no es delegable.

Artículo 181. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde que entren en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; per, en este caso, si el juicio fuere penal, las pruebas ya evacuadas se estimarán, en cuanto beneficien al reo, conforme a la ley vigente cuando se promovieron.

Dicha Comisión estará integrada por el Presidente, el Vice-Presidente, y veintiún miembros del Congreso Nacional, quienes con sus correspondientes Suplentes, serán elegidos por éste en la forma y condiciones que establezca la Ley, a fin de garantizar la representación proporcional de las minorias.

El Presidente y el Vice-Presidente del Congreso Nacional ejercerán las funciones de Presidente y Vice-Presidente de la Comisión Permanente.

Artículo 183. Los miembros de la Comisión Permanente cesarán en sus funciones al reunirse de nuevo la Cámaras en sesiones ordinarias, pero podrán ser reelegidos.

Artículo 184. Son atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional:

1ª. Velar por la observancia de la Constitución y el respeto a las garantías ciudadanas, sin invadir la competencia propia del Poder Judicial y denunciar al Presidente de la República las irregularidades que observe, a fin de que sean corregidas.

2ª. Informar a las Cámaras legislativas sobre las irregularidades que observe en la inversión de las partidas del Presupuesto de Gastos Públicos y en el proceso de la administración general;

3ª. Revisar los proyectos de leyes que quedaren pendientes en las sesiones del año, e informar a las Cámaras sobre las que a su juicio deban continuar en discusión en las sesiones inmediatamente siguientes;

4ª. Preparar proyectos de leyes o iniciarlos en cualquiera de las Cámaras en la oportunidad correspondiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 166 de esta Constitución;

5ª. Conocer de las causas que afecten la inmunidad de los miembros del Congreso y dar cuenta de sus decisiones a la respectiva Cámara dentro de los primeros diez días de las sesiones inmediatas;

6ª. Convocar el Congreso a sesiones extraordinarias cuando exija la gravedad de algún asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de esta Constitución;

7ª. Colaborar con el Ejecutivo Nacional en la formación del Proyecto de ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, e informar acerca de él a las Cámaras al iniciarse su discusión;

8ª. Autorizar al Ejecutivo Nacional para crear y dotar nuevos servicios públicos, y para decretar Créditos Adicionales al Presupuesto de Gastos Públicos;

9ª. Autorizar al Presidente de la República para salir temporalmente del territorio nacional acompañado por los demás miembros del Poder Ejecutivo que él mismo designe;

10. Dar su dictamen cuando lo exijan esta Constitución o las leyes, o a petición del Ejecutivo Nacional, en asuntos de su competencia;

11. Dictar su Reglamento interior y de Debates, y

12. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la Leyes.

La Comisión tendrá a su servicio el personal subalterno que requiera para cumplir sus funciones.

Artículo 186. Los miembros de la Comisión Permanente darán cuenta anual detallada de su actuación al Congreso Nacional en la oportunidad que éste mismo señale.

Artículo 188. El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá sus funciones en la Capital de la República, no pudiendo hacerlo en otro lugar sino en los casos previstos en los ordinales 18, letra b), y 31 del artículo 198 de esta Constitución.

Artículo 189. El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá la administración a él encomendada por medio de sus órganos legales y los empleados de sus dependencias.

Artículo 192. El Presidente de la República será elegido por votación universal, directa y secreta, con tres meses de anticipación por lo menos al 19 de abril del año en que comience cada período constitucional, y en la fecha que determine el Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias del año inmediatamente anterior.

Se proclamará electo el ciudadano que haya obtenido la mayoria relativa de votos.

Artículo 193. El Presidente de la República no podrá ser reelegido para el período constitucional inmediatamente siguiente. Tampoco podrá serlo para el mismo período quien haya desempeñado la Presidencia por todo el último año del período constitucional anterior, ni los parientes de uno u otro hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 194. El día 19 de abril del año en que se inicie el nuevo período constitucional, el Presidente saliente resignará sus poderes en el Presidente electo, inmediatamente después que éste haya prestado la promesa de Ley ante el Congreso Nacional.

Si por cualquier circunstancia el Presidente electo no pudiere prestar el juramento ante el Congreso Nacional, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuando el Presidente electo no pudiere tomar posesión del cargo en la fecha indicada en este artículo, el Presidente saliente resignará sus poderes ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia quien los ejercerá, con el carácter de Encargado del Poder Ejecutivo Nacional, hasta que el primero pueda entrar en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 195. Las faltas absolutas del Presidente de la República las suplirá provisionalmente el Presidente del Congreso Nacional y, a falta de éste, el Vice-Presidente del mismo.

Cuando por cualquier motivo, ninguno de dichos funcionarios pudiere tomar posesión del cargo, lo hará el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En estos casos, el Encargado provisional del Poder Ejecutivo solicitará inmediatamente la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias para que, dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria, disponga la elección del nuevo Presidente de la República en conformidad con lo establecido en el artículo 192 de esta Constitución, si la falta se produce durante la primera mitad del período constitucional, o elija a quien haya de llenar la vacante presidencial, si la falta ocurre durante la segunda mitad del período constitucional.

Cuando proceda la convocatoria de elecciones, el Congreso elegirá al ciudadano que haya de quedar encargado del Poder Ejecutivo, hasta que tome posesión del cargo el nuevo Presidente de la República.

Artículo 196. Las faltas temporales del Presidente de la República las suplirá el Ministro que él mismo designe. Este solicitará de la Comisión Permanente la inmediata convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, si la falta se prolonga por más de noventa días. Reunido el Congreso Nacional decidirá si mantiene la provisionalidad y elegirá un Encargado de la Presidencia, o si es el caso de elegir un nuevo Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 197. El Presidente, o quien haya hecho sus veces no podrá ausentarse del territorio nacional sin la autorización del Congreso o de la Comisión Permanente del mismo, sino después de seis meses de haber cesado en sus funciones.

1º. Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República.

2º. Representar a la Nación en sus relaciones con las demás naciones, nombrar agentes diplomáticos y consulares de la República y recibir a los Representantes diplomáticos de otros Estados;

3º. Dirigir, por medio del Ministro correspondiente, las relaciones exteriores de la República y las negociaciones diplomáticas, y celebrar por medio de los plenipotenciarios que designe y en Consejo de Ministros, tratados, convenios o acuerdos con otras naciones.

4º. Adherir, con la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso y del Consejo de Ministros, a los tratados multilaterales que interesen a la República, y firmar a nombre de Venezuela, por medio de plenipotenciarios que designe, aquellos en cuyas discusiones haya participado;

5º. Someter a la aprobación de las Cámaras Legislativas los tratados, convenios o acuerdos internacionales que así lo requieran, ratificarlos, canjearlos o depositarlos y ponerlos en ejecución en su oportunidad;

6º. Negociar, por órgano del Ministro respectivo, con aprobación del Consejo de Ministros, los empréstitos que decretare el Congreso, en entera conformidad con sus disposiciones;

7º. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad de su territorio y su soberanía en caso de emergencia internacional, y dar ejecución a las obligaciones que resulten de los pactos en que ella sea parte para la seguridad y defensa comunes, cuando sea requerido hacerlo: En estos casos, solicitará urgentemente la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, si no estuviere reunido, le dará cuenta de todo lo actuado y propondrá las medidas que estime necesarias;

8º. Prohibir la entrada de extranjeros en el territorio nacional o expulsarlos, en casos previstos por esta Constitución o las leyes de la República, o permitidos por el Derecho Internacional;

9º. Promulgar La constitución y las leyes. La oportunidad en que la ley aprobatoria de un tratado o convenio internacional deba ser promulgado, queda a la discreción del Ejecutivo Nacional, en conformidad con los usos internacionales y la conveniencia de la República;

10. Reglamentar, en Consejo de Ministros, las leyes sin alterar su espíritu, propósito y razón, y enmendar o reformar, total o parcialmente los reglamentos de las mismas. En todo caso, el nuevo Reglamento deberá publicarse íntegramente con la respectiva derogatoria del anterior;

11. Pedir a la Comisión Permanente, con aprobación del Consejo de Ministros, la convocatoria del Congreso Nacional a sesiones extraordinarias, cuando lo exija la gravedad de algún asunto;

12. Decretar, en Consejo de Ministros, la creación y dotación de los nuevos servicios públicos que fueren necesarios durante el receso de las Cámaras Legislativas, o la modificación o supresión de las existentes; previa autorización de la Comisión Permanente del Congreso;

13. Decretar, en Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso Nacional o de la Comisión Permanente del mismo, los Créditos adicionales al Presupuesto de Gastos Públicos, cuando fuere necesario, por resultar insuficientes las sumas fijadas al respectivo Capítulo en la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, o por no haberse previsto el gasto, y siempre que en el Tesoro Nacional hubiere fondos con qué cubrir el Crédito Adicional, sin perjuicio de las erogaciones ordinarias que se preferirán a las extraordinarias. El Ministro de Hacienda acompañará a la solicitud de autorización la especificación de como ha de invertirse dicho crédito.

14. Celebrar, por órgano del Ministro o ministros respectivos y con aprobación del Consejo de Ministros, los contratos de interés nacional permitidos por esta Constitución y las leyes, y someterlos a la consideración del Congreso Nacional o de la Comisión Permanente del mismo en casos urgentes, durante el receso de la Cámaras Legislativas, salvo lo establecido en el numeral 8º del artículo 162 de esta Constitución. En todo caso, de tales contratos se dará cuenta al Congreso Nacional en sus próximas sesiones ordinarias.

15. Fijar el número de las Fuerzas Armadas de la República y ejercer la suprema autoridad jerárquica de ellas, en conformidad con el artículo 102 de esta Constitución.

16. Dirigir las operaciones militares en caso de emergencia internacional o designar quien deba representar a la República en el comando de las fuerzas combinadas cuando hayan de cooperar con otras naciones.

17. Interponer sus buenos oficios para poner término a la contienda armada entre dos o más Estados de la República, o hacer uso de la fuerza pública cuando resulte ineficaz su intervención pacífica.

18. Decretar la restricción o suspensión de garantías en los casos previstos por el artículo 76 de esta Constitución y en caso de alteración de paz interna de la República o conflicto armado internacional podrá, además, mientras ellas duren:
 

a) Pedir y otorgar a los Estados los auxilios necesarios para la defensa nacional o de las instituciones;

b) Señalar el sitio a donde hayan de trasladarse transitoriamente todos o algunos de los Poderes de la República cuando existiere grave motivo para ello;

c) Disponer el enjuiciamiento de los venezolanos y extranjeros que en caso de emergencia internacional sean hostiles a los intereses de Venezuela;

d) Reorganizar los Estados que fueren dominados por las fuerzas rebeldes o cuyos Gobiernos participaren en la rebelión;

e) Ordenar que sean armados para su defensa los buques mercantes nacionales, en caso de necesidad;

f) Incorporar a la Armada Nacional los buques mercantes nacionales o los extranjeros que se hallen en los puertos de la República y que fueren necesarios para la defensa, y dotarlos de personal, distintivo y equipo militar requeridos. En esos casos, se proveerá el modo de indemnizar los perjuicios que sufrieren los dueños;

g) Autorizar las demás medidas de carácter militar permitidas por el derecho internacional.

19. Nombrar y remover a los Ministros del Despacho;

20. Administrar los Territorios y las Dependencias Federales en conformidad con sus Leyes Orgánicas.

21. Ejercer, según la Ley, la superior autoridad civil y Política del Distrito Federal por medio de un Gobernador;

22. Nombrar y remover al Gobernador del Distrito Federal, y por órgano del Ministro a quien competa, en conformidad con los Estatutos de Carrera Administrativa, los demás empleados nacionales cuya designación no esté atribuída a otro funcionario;

23. Administrar, por órgano del Ministro respectivo, las Rentas Públicas de la Nación, conforme a esta Constitución y las leyes;

24. Hacer expedir por el Ministro respectivo, los títulos de adjudicación gratuita, venta o arrendamiento de tierras baldías, y los títulos de concesiones mineras, conforme a las leyes;

25. Hacer expedir por el Ministro del ramo patentes de navegación a los buques nacionales según lo determine la Ley;

26. Hacer expedir , por el Ministro respectivo, cartas de naturalización conforme a la Ley;

27. Decretar, en Consejo de Ministros las medidas necesarias para que se haga el Censo de la República en la oportunidad que indique la Ley o su Reglamento, y someterlo luego a la aprobación del Congreso;

28. Disponer, por órgano del Ministro competente y con aprobación del Consejo de Ministros, que el Ministerio Público Nacional promueva acusación contra empleados que dieren motivo a ello;

29. Conceder indultos;

30. Ejercer, en los términos que fije el Congreso, las facultades extraordinarias a que se refiere el ordinal 9º del artículo 162 de esta Constitución;

31. Declararse en visita oficial, con todos o algunos de los Ministros del Despacho, al Estado o Estados de la República o Territorio Federal que determine la declaración. Durante la visita oficial el asiento del Poder Ejecutivo Nacional será el sitio en donde se hallare el Presidente. En el mismo Decreto en que se ordenare la visita se reglamentará todo lo relativo al Despacho, en Caracas, de los asuntos administrativos corrientes;

32. Designar al Ministro del Despacho que haya de suplirlo en caso de falta temporal;

33. Las demás que le acuerden esta Constitución y las leyes.

En el último año del período presidencial, el mensaje será presentado el día de instalación de las Cámaras Legislativas.

Artículo 200. El Presidente de la República es responsable solidariamente con los Ministros del Despacho de los actos de su administración además de la responsabilidad personal que le corresponde por traición a la Patria y por delitos comunes.

Artículo 202. Para ser Ministro del Despacho se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, de estado seglar y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 203. Los Ministros son los órganos legales del Presidente de la República, y en tal virtud refrendarán sus actos, según sus respectivas competencias y ejecutarán las resoluciones de aquel dentro de los límites de sus atribuciones.

Parágrafo único. La orden escrita del Presidente de la República no deja a salvo la responsabilidad personal en que incurran los Ministros por extralimitación de sus funciones.

Artículo 204. Además de las atribuciones que les corresponden como órganos del Presidente de la República, los Ministros tienen las que derivan de su condición de miembros del Consejo de Ministros, dentro de la cual colaboran con aquél en las funciones de gobierno y administración nacionales. La Ley determinará las normas relativas a la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.

Artículo 205. El Consejo de Ministros de reunirá cuando lo exija esta Constitución o las leyes, o cuando lo convoque el Presidente de la República para conocer algún asunto que, a juicio de este funcionario, debe ser sometido a su consideración.

Artículo 206. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros serán responsables el Presidente de la República y los Ministros que no hubieren hecho constar su voto adverso o negativo en la forma que lo establezca la Ley de la materia.

Artículo 207. Cada Ministro dará cuenta anual al Congreso, dentro de los diez primeros días de sus sesiones, en memoria razonada y documentada, de lo hecho por el Despacho y de lo que crea conveniente se haga en su respectivo ramo. Presentará también su cuenta de los fondos que hubiere manejado.

En el último año del período constitucional, los Ministros presentarán las Memorias y Cuentas el día fijado para la instalación de las Cámaras Legislativas, y si aún no se hubiere instalado, las presentarán ante la Comisión Permanente del Congreso para que éste las consigne ante el Cuerpo al reunirse.

Artículo 208. El Ministro de Hacienda, dentro de los primeros cinco días de la instalación de las Cámaras Legislativas presentará a la de Diputados, con su Correspondiente Exposición de Motivos y la especificación de las partidas globales, que no sean de aquellas cuya divulgación perjudique la seguridad del Estado y el interés nacional, el Proyecto de Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, que elaborará en consulta con los Ministros del Despacho y con la cooperación de la Comisión Permanente del Congreso.

Artículo 209. Los Ministros tiene derecho de palabra en la Cámaras y en la Comisión Permanente del Congreso, y estarán obligados a concurrir a ellas cuando sean llamados a informar, o para contestar las interpelaciones que se les hagan.

Artículo 210. Los Ministros son penal y civilmente responsables por los hechos ilícitos que se les hagan.

Artículo 212. La Ley determinará la organización, jurisdicción y atribuciones de los Tribunales que fueren necesarios para la Administración de la justicia, así como también la forma de designar sus miembros y lo conducente al establecimiento de la carrera judicial en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

Artículo 213. La Ley podrá establecer un Consejo Supremo de la Magistratura con representantes de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, a fin de asegurar la independencia, eficacia y disciplina del Poder Judicial y la efectividad de los beneficios en éste de la Carrera Administrativa. Determinará asimismo, el número y la forma de la elección de dichos representantes y las atribuciones que, dentro de los límites de sus finalidades, requiera el citado organismo.

Artículo 214. Las autoridades de la República están en el deber de prestar a los funcionarios judiciales el apoyo que éstos requieran a objeto de que las decisiones judiciales se cumplan.

Artículo 215. Los funcionarios del Poder Judicial son responsables conforme a la Ley.

Artículo 216. Los jueces no podrán ser removidos durante el respectivo período constitucional, sino mediante decisión firme y en los casos señalados por la Ley.

Artículo 217. Los cargos judiciales impiden el ejercicio de la abogacía, y son incompatibles con cualquier otro destino público remunerado, salvo los académicos, docentes, de miembros de comisiones técnicas o redactoras de leyes o instrumentos similares, miembros de Tribunales internacionales y de representantes de la Nación en convenciones o reuniones internacionales de carácter técnico.

Parágrafo único. El Congreso Nacional, a proposición de la Corte Suprema de Justicia, podrá, por ley especial, aumentar el número de Magistrados.

Artículo 219. El Congreso Nacional, dentro de los primeros quince días de sus sesiones ordinarias del año en que se inicie cada período constitucional, elegirá por separado y por mayoria absoluta de votos, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la propia sesión y en la misma forma elegirá diez suplentes, quienes en el orden de su elección, llenarán las faltas absolutas de los principales.

Las faltas temporales y las que se deriven de circunstancias especiales de algún asunto, las proveerá la propia Corte de acuerdo con la Ley. Cuando ocurriere falta absoluta de uno o varios suplentes, el Congreso elegirá los que fueren necesarios, quienes ocuparán los puestos vacantes.

Artículo 220. La corte Suprema de Justicia se dividirá en Salas autónomas, las cuales tendrán jurisdicción plena en las materias de su respectiva competencia y funcionarán con el número de Magistrados que determine la Ley

La Corte Suprema de Justicia tendrá las siguientes atribuciones:

1º. Conocer las acusaciones contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, los Ministros del Despacho, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la Nación, los Gobernadores, contra sus propios miembros y otros altos funcionarios que las leyes indiquen, en los caso en que dichos funcionarios incurran en responsabilidad penal.

2º. Conocer de las causas penales que se formen contra los Agentes Diplomáticos, por actos ejecutados en servicio público. La responsabilidad de otros actos se hará efectiva por ante los Tribunales y mediante el procedimiento judicial ordinario.

3º. Conocer del recurso de casación y de los demás cuya decisión le atribuya la Ley.

Al declarar con lugar el recurso de casación por infracción de Ley, la corte decidirá sobre el fondo de la sentencia casada.

4º. Conocer en apelación de las causa de presas.

5º. Dirimir las controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse, recíprocamente, entre el Poder Nacional, el de los Estados y el Municipal, o entre sus órganos legales, en los casos en que tal facultad no sea atribuida por la Ley a otra autoridad.

6º. Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre dos o más Tribunales de la República, siempre que la Ley no indique otra autoridad.

7º. Declarar la nulidad de las leyes nacionales, de los Estados u ordenanzas de las Municipalidades, cuando colidan con la Constitución de la República. La nulidad se limitará al párrafo, artículo o artículos en que aparezca la colisión, salvo que éstos sean de tal importancia, por su conexión con los demás, que, a juicio de la Corte, su nulidad acarreare la de toda la Ley.

8º. Declarar cual es la ley que deba prevalecer cuando se encuentren en colisión las nacionales entre si, o éstas con las de los Estados, y declarar, asimismo, cuáles son los el artículo o artículos de una Ley que hayan de regir cuando existiere colisión entre las disposiciones de ella.

9º. Declarar la nulidad de los actos de las Cámaras Legislativas, de las Asambleas Legislativas, de los Concejos Municipales, del Poder Ejecutivo Nacional o de los Estados, y de los Gobernadores del Distrito Federal o de los Territorios Federales, violatorios de esta Constitución. Igualmente la Corte declarará la nulidad de los actos a que se refieren los artículos 84 y 87 de esta Constitución cuando aquella no fuere atribuída por la Ley a otra autoridad.

La acción de nulidad de un acto administrativo por ilegalidad o abuso de poder caduca a los trece meses, siempre que por dicho acto no se haya violado ninguna disposición constitucional. La ilegalidad del mismo acto como excepción puede oponerse siempre.

Si el acto tachado de nulidad fuere una resolución ministerial, La corte no podrá decidir sino mediante el procedimiento establecido en el ordinal siguiente.

10. Conocer, en procedimiento contencioso-administrativo, de todas las cuestiones que se susciten entre la Nación y los particulares, a consecuencia o con ocasión de los contratos celebrados por el Ejecutivo Nacional, de concesiones mineras, o de tierras baldías; salvo aquellos puntos que, por la ley vigente al tiempo de la celebración del contrato, del otorgamiento de la concesión o de la negativa a concederla, quedaren sujetos a la decisión del Ejecutivo Nacional sin recurso judicial.

11. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras, cuando sea procedente.

12. Conocer, en procedimiento contencioso-administrativo, de las acciones que se propongan contra la Nación, por daños y perjuicios, y de las demás acciones que por sumas de dinero se intenten contra ella.

13. Las demás que señalen esta Constitución y las leyes en asuntos de competencia nacional.

Artículo 222. La Corte Suprema de Justicia presentará cada año al Congreso Nacional una memoria contentiva de sus trabajos e indicará las reformas que a su juicio conviniere introducir en la legislación.

Artículo 224. El Fiscal General de la Nación deberá ser venezolano por nacimiento, de estado seglar, mayor de treinta años, abogado de la República y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.

El Fiscal General de la Nación será elegido por el Congreso Nacional en los primeros treinta días de sesiones del año en que comience el respectivo período constitucional, y durará en sus funciones por todo el período. Para suplirlo en sus faltas temporales o absolutas, el Congreso, en el mismo acto en que haga la designación, elegirá también cinco suplentes numerados que tengan las mismas condiciones requeridas para el titular, y serán llamados, en el orden de elección, por el Ejecutivo Nacional para ocupar el cargo vacante.

Artículo 225. Corresponde al Ministerio Público velar porque en los Tribunales de la República se apliquen rectamente las leyes en los procesos penales, y en todos aquellos en que estén interesados el Fisco Nacional, el orden público o las buenas costumbres, y en general, por la buena marcha de la administración de justicia.

Artículo 226. Son atribuciones del Fiscal de la Nación:

1º. Promover personalmente o por medio de funcionarios de su dependencia, de oficio o a excitación del Ejecutivo Nacional, acusación contra los empleados nacionales que dieren motivo a ser enjuiciados.

2º. Ejercer el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia, en los juicios a que se refieren las atribuciones 1ª y 2ª del artículo 220 de esta Constitución.

3º. Las demás que les señalen esta Constitución y las leyes.

El Procurador General de la Nación será elegido por el Congreso Nacional en los primeros treinta días de sus sesiones del año en que comience el respectivo período constitucional, y durará en sus funciones por todo el período. Para suplirlo en sus faltas temporales o absolutas, el Congreso, en el mismo acto en que se haga su designación, elegirá también cinco suplentes numerados que tengan las mismas condiciones requeridas para el titular, y serán llamados en el orden de su elección, por el Ejecutivo Nacional a ocupar el cargo vacante.

Artículo 229. Son atribuciones del Procurador General de la Nación:

1º. Representar y sostener personalmente o por medio de los funcionarios de su dependencia, los derechos de la Nación en todos los juicios en que ella fuere parte, de acuerdo con las leyes y con las instrucciones que le comunique el Ejecutivo Nacional.

2º. Dar los informes jurídicos que le pidan el Presidente de la República, los Ministros del Despacho, las Cámaras Legislativas y la Corte Suprema de Justicia.

La suprema dirección y administración de la Hacienda Nacional compete al Poder Ejecutivo Nacional, quien las ejercerá por medio de sus órganos legales de acuerdo con esta Constitución y las leyes.

Artículo 232. El régimen rentístico nacional se organizará y funcionará sobre la base de justicia e igualdad tributaria con el fin de lograr una repartición de impuestos y contribuciones progresiva y proporcional a la capacidad económica del contribuyente, la elevación del nivel de vida y del poder adquisitivo de los consumidores y la protección e incremento de la producción nacional.

Solo se concederán exoneraciones en los casos en que la Ley lo permita.

Artículo 233. No podrá cobrarse ningún impuesto o contribución que no esté autorizado por la Ley, ni se hará del Tesoro Nacional ningún gasto para el cual no se haya destinado una cantidad en la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, a menos que, previamente al gasto, se acordare un Crédito Adicional, mediante Decreto Ejecutivo. Los que infringieren esta disposición serán civilmente responsables por las cantidades cuyo pago hubieren efectuado u ordenado.

Artículo 234. No podrá establecerse ningún impuesto pagadero en servicio personal, ni pecharse los productos naturales de la agricultura o la cría antes de ofrecerse al consumo.

Artículo 235. No podrá cobrarse impuesto sobre la navegación de los ríos y demás aguas navegables que no hayan exigido para ello obras especiales.

Artículo 236. Ningún impuesto o contribución podrá entrar en vigor, ni sufrir aumentos o rebajas, sino después de haber vencido el término que en cada caso deberá fijarse.

Esta disposición no limita los poderes extraordinarios que se acuerdan al Poder Ejecutivo en los casos establecidos en esta Constitución.

Artículo 237. No podrá el Congreso, fuera de las erogaciones que incluya la Ley de Presupuesto, ordenar cualquiera otra por leyes especiales ni por acuerdos.

Artículo 238.En el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos de la Nación se incluirá, anualmente, una partida equivalente al veinticinco por ciento (25%), por lo menos, del total de los ingresos por rentas, tomando como base para cada año económico el total de dichos ingresos en el año civil inmediato anterior; dicha partida se distribuirá entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en la forma siguiente: el treinta por ciento (30%) de dicho porcentaje, por partes iguales , y el setenta por ciento (70%), restante, en proporción a la población de cada una de las citadas Entidades. De la parte que corresponda a cada Estado en el Situado Constitucional, se destinará el veinte por ciento (20%) por lo menos , para distribuirlo entre los Distritos Municipalidades en la misma forma establecida en este artículo para la distribución del Situado entre las Entidades Federales.

La ley determinará lo necesario para la coordinación de los presupuestos de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios Federales, con el Presupuesto de la Nación en las materias que, por su naturaleza, deban obedecer a un plan uniforme; y, a la vez, determinará cómo el Gobierno Nacional orientará y controlará la inversion del Situado por los Gobiernos Regionales y de la Municipalidades, quedando a salvo lo dispuesto en el artículo 247 de esta Constitución.

Artículo 239. Por leyes especiales podrá disponerse que determinados institutos oficiales científicos, benéficos, financieros o industriales, gocen de personería jurídica y de patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional.

En el receso de las Cámaras Legislativas se podrán crear los mencionados Institutos por medio de Decretos Orgánicos, previa autorización de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Dichos Institutos someterán anualmente sus respectivos presupuestos y un informe de su gestión en el año inmediatamente anterior, al Congreso Nacional o a la autoridad designada en el acto de su creación.

Artículo 240. El Ejecutivo Nacional no podrá contratar ningún empréstito sino en virtud de autorización expresa que, para atender a necesidades urgentes o a obras de utilidad pública, acuerde el Congreso Nacional.

Artículo 242. Compete a la Contraloria General de la Nación, además de las atribuciones que señale la Ley, denunciar ante quien corresponda, las irregularidades que observe en el manejo de los fondos públicos. A este fin podrá el Contralor, personalmente o por órgano de sus empleados, realizar toda clase de investigaciones en los Departamentos y oficinas sujetos a su fiscalización, quedando obligados los funcionarios o empleados encargados de ellos a proporcionarles, a su requerimiento, los datos o informaciones necesarios.

Artículo 243. La Contraloría estará a cargo de un funcionario que se denominará Contralor General de la Nación; y se organizará y funcionará de acuerdo con la Ley.

Artículo 244. En el año en que se inicie cada período constitucional y dentro de los treinta días siguientes a su instalación, el Congreso Nacional elegirá al Contralor General de la Nación, y un Sub-Contralor que le servirá de auxiliar y suplirá sus faltas absolutas y temporales. En el mismo acto, el Congreso elegirá tres suplentes para que llenen las faltas del Sub-Contralor, en conformidad con la Ley.

Artículo 245. El Contralor y el Sub-Contralor deberán reunir las mismas condiciones que para ser Presidente de la República; durarán en sus funciones por todo el período constitucional, y serán penal y civilmente responsables por los hechos ilícitos en que incurrieren.

Artículo 246. En el examen y aprobación o improbación de las Cuentas Ministeriales y de los Institutos Autónomos, la Contraloria General de la Nación será auxiliar del Congreso Nacional ; y presentará anualmente a éste un Informe pormenorizado de la gestión correspondiente al año de la Cuenta y los demás que se le exijan expresamente.

Artículo 247. La fiscalización y control que corresponden a la Contraloría General de la Nación podrá hacerse extensivas a las administraciones Estadales o Municipales, en virtud de ley especial.

Artículo 249. Cuando la iniciativa parta de las Asambleas Legislativas, el Congreso la declarará procedente si las dos terceras partes de aquéllas, reunidas en sesiones ordinarias, han considerado necesaria o conveniente la reforma mediante acuerdos aprobados en cada Asamblea por la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros. Declarada procedente la iniciativa, las Cámaras discutirán la reforma por el sistema establecido en esta Constitución para la discusión de las leyes ordinarias. Acordadas enmiendas o adiciones, el Presidente del Congreso las someterá a las Asambleas Legislativas para su ratificación, la cual se hará por el mismo procedimiento previsto para la iniciativa.

Artículo 250. Cuando la iniciativa de cualquiera de la Cámaras del Congreso, deberá ser propuesta por la cuarta parte de la totalidad de sus miembros, siguiendo el sistema establecido en esta Constitución para la discusión de las leyes ordinarias. Acordadas las enmiendas o adiciones, el Presidente del Congreso las someterá a las Asambleas Legislativas en sus sesiones ordinarias del año siguiente para su ratificación, la cual se considerará válida cuando sea aprobada por las dos terceras partes de ellas, en sus sesiones ordinarias mediante el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Asamblea.

Artículo 251. No se harán enmiendas o adiciones sino en los puntos en que se coincidiere la preindicada mayoría de Asambleas Legislativas.

Artículo 252. En todo caso, el voto definitivo de las Asambleas Legislativas volverá al Congreso para su escrutinio final, hecho el cual, si él resultare que las enmiendas han sido legalmente ratificadas por la Asambleas Legislativas, la Constitución así enmendada o reformada entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela.

Cuando la Asamblea decida declararse en receso, designará de su seno una Comisión Permanente, integrada por el Presidente, los dos Vice-Presidentes y 22 miembros más, elegidos por votación secreta, de las listas que presenten las diferentes corrientes políticas, en forma que permita la representación proporcional de éstas en dicha Comisión. En la misma forma se designará un número de suplentes igual al de los principales.

La Comisión Permanente tendrá, en cuanto sean aplicables, las mismas atribuciones que la Comisión Permanente del Congreso Nacional, y cesará sus funciones al instalarse las Cámaras Legislativas que sean elegidas conforme a esta Constitución.

Mientras dichas Cámaras no se hubieren instalado, la Asamblea podrá reunirse de nuevo, con funciones de Poder Legislativo, cuando al efecto sea convocado por el órgano y dentro de las previsiones a que se refiere el artículo 158 de esta Constitución.

SEGUNDA. El Presidente de la República, los miembros del Congreso Nacional y los de las Asambleas legislativas serán elegidos dentro de los 90 días siguientes a la promulgación del Estatuto Electoral que ha de sancionar esta Asamblea y en la fecha que fije el organismo supremo electoral.

Las Cámaras Legislativas se instalarán, en sesiones extraordinarias, 30 días después de la proclamación general de los candidatos electos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 165 de esta Constitución y para considerar las materias que les fueren sometidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 158 ejusdem .

Las Asambleas Legislativas se instalarán el 1º de enero de 1948 o en la fecha más inmediata posible, para dictar la constitución y las leyes fundamentales de los Estados, sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 128 de esta Constitución.

TERCERA. Los Concejos Municipales serán elegidos con anterioridad al 1º de junio de 1948, fecha en la cual deberán instalarse.

¶ único. Los Concejos Municipales del Distrito Federal y los Territorios Federales serán elegidos y deberán instalarse en las mismas oportunidades señaladas para la Asambleas Legislativas.

CUARTA. Dentro de los diez días siguientes a la instalación de las Asambleas Legislativas de los Estados y de los Concejos Municipales del Distrito Federal y de los Territorios Federales, los respectivos Gobernadores les presentarán, para su examen y veredicto, Memoria detallada de los actos de Gobierno y Cuenta pormenorizada de la Administración correspondiente al lapso comprendido entre el 18 de octubre de 1945 y el 15 de diciembre de 1947.

QUINTA. Para integrar las Asambleas Legislativas los electores de cada Estado elegirán, por esta vez, doce Diputados Principales y sus Suplentes, cuando su población no exceda de 100.000 habitantes; y cuando la población fuere mayor, elegirán un Diputado más por cada exceso de 25.000 habitantes o fracción que pase de 10.000.

Si para la fecha de la elección de los Concejos Municipales no hubieran sido aún promulgadas las respectivas leyes orgánicas, en cada Distrito de los Estados de la República se elegirán, conforme a la tercera Disposición Tansitoria, cinco Concejales Principales y los Suplentes respectivos

SEXTA. Las Asambleas Legislativas, y los Concejos Municipales a que se refiere la anterior disposición, durarán en sus funciones hasta el 1º de junio de 1950.

SEPTIMA. Un plebiscito nacional que se realizará dentro de los dos primeros años contados desde la fecha de la promulgación de esta Constitución y en la oportunidad que fije el Congreso Nacional, decidirá si los Gobernadores de los Estados serán de la libre elección y remoción del Presidente de la República en Consejo de Ministros, o si deberán ser por voto universal, directo y secreto.

La fórmula favorecida por esta consulta se considerará incorporada al título de esta Constitución.

Entre tanto se realiza este plebiscito, los Gobernadores serán de la libre elección y remoción del Presidente de la República en Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 131 de esta Constitución.

OCTAVA. El mandato de los funcionarios del Poder Público Nacional elegidos conforme a esta Constitución y al Estatuto Electoral, para el período inmediato siguiente, empezará a ejercerse desde el momento que preste el juramento de Ley; pero terminará el 19 de abril de 1952.

NOVENA. Por Decreto especial, la Asamblea decidirá sobre la reorganización del Poder Ejecutivo que ha de actuar hasta la fecha en que tome posesión de su cargo el presidente de la República que sea elegido conforme a esta Constitución.

DECIMA. Las funciones del Fiscal General de la Nación serán ejercidas por el Procurador General de la Nación en tanto se promulgan las leyes que organicen sus funciones respectivas.

UNDECIMA. Mientras el Congreso, en sesiones ordinarias, provee el cargo de Procurador General de la Nación, conforme al aparte único del artículo 228 de esta Constitución, ocupará dicho cargo el ciudadano que elija la Asamblea antes de terminar sus sesiones. En el mismo acto se designarán los suplentes respectivos.

DUODECIMA. Antes de declararse en receso, la Asamblea elegirá, en la forma prevista en el artículo 219 de esta Constitución, la Corte Suprema de Justicia de la República que ha de actuar hasta que el próximo Congreso, en sus sesiones ordinarias, proceda a la elección definitiva para el resto del período constitucional.

Mientras no se haya promulgado la Legislación a que se refiere el artículo 212 ejusdem, el Poder Judicial de la República continuará rigiéndose por las leyes que organizan sus funciones; pero la elección de los jueces se ajustará a las normas siguientes:

a) La Asamblea Nacional Constituyente, o en su defecto, la Comisión Permanente, formará las respectivas listas de candidatos, en número triple al de funcionarios a elegir, para miembros de las Cortes Supremas y Cortes o Juzgados Superiores de los Estados y del Distrito Federal, y para Jueces de Primera Instancia de esas Entidades y de los Territorios Federales. Dentro de los cinco días siguientes el Ejecutivo Federal, designará, en Consejo de Ministros, a los titulares de los Tribunales respectivos. Los restantes candidatos quedarán como suplentes en el orden de su elección.

En igual forma serán elegidos los Defensores Públicos de Presos, los fiscales del Ministerio Público y los miembros de los Tribunales especiales.

b) Dentro de los cinco días siguientes a su instalación, las Cortes Supremas de los Estados y del Distrito Federal y de los Jueces de Primera instancia de los Territorios Federales, formarán las ternas correspondientes para Jueces de Instrucción , de Distrito o Departamento y de Municipio, Parroquia o Departamento. Dentro de los cinco días siguientes a su recibo, los Ejecutivos Regionales designarán de tales listas a los Jueces respectivos; los demás ciudadanos quedarán como Suplentes en el orden de su elección. Para los casos anteriores se atenderá a la actual organización jurisdiccional territorial.

DECIMOTERCERA. En la elección del Contralor General y Sub-Contralor Provisionales y de los Suplentes respectivos, se procederá en forma similar a la seguida de la Disposición Undécima para la provisión del cargo de Procurador General Provisional.

DECIMACUARTA. Las Normas de distribución del Situado Constitucional establecidas en el artículo 238 de esta Constitución se considerarán en vigencia desde el primero de julio del presente año, conforme al Presupuesto que dictará esta Asamblea.

DECIMAQUINTA. Mientras la Ley establece la competencia definitiva, se atribuye a los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal el conocimiento del recurso de Habeas Corpus.

Dentro de las 24 horas siguientes al recibo de las denuncias, dichos Tribunales requerirán de los funcionarios bajo cuya custodia estuvieren los detenidos, los motivos de la privación de la libertad; acto seguido, con vista de los resultados de la inquisición, ordenarán:

1º. El sometimiento a juicio, si hubiere lugar a él;

2º. Que se dicte la correspondiente resolución administrativa, si la detención obedeciere a causales de esta índole; o

3º. La inmediata libertad del detenido, si no estuviere dentro de los casos anteriores, sin perjuicio del procedimiento a que hubiere lugar, si los funcionarios ejecutivos incurrieren en responsabilidad penal por abuso de sus funciones.

DECIMASEPTIMA. Las personas que actualmente tienen la nacionalidad venezolana conjuntamente con otra, deberán optar, dentro de un plazo de cinco años, por la que prefieran en definitiva. Pasado dicho lapso sin haber cumplido este requisito, no obstante la notificación que se les hará en los términos que fije la Ley, se entenderá que prefieren la nacionalidad venezolana.

Para los menores, el plazo estipulado empezará a contarse al cumplir su mayoridad según la ley venezolana.

DECIMOOCTAVA. Durante el receso de la Asamblea Nacional Constituyente serán aplicables a sus miembros las previsiones de los artículos 143 al 146 de esta Constitución; pero no devengarán dietas, excepto los integrantes de la Comisión Permanente.

DECIMONOVENA. Mientras no sea modificado o derogado por los órganos del Poder Público, o no se quede derogado expresa o implicitamente por esta Constitución, se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Legislativo Federal, en Caracas, a los cinco días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y siete. Año 138º de la Independencia y 89º de la Federación.

El Presidente, (L.S.) ANDRÉS ELOY BLANCO, Representante del Distrito Federal.

El Primer Vice-Presidente, Jesús González C., Representante por el Estado Cojedes.

El Segundo Vice-Presidente, Augusto Malavé Villalba, Representante por el Distrito Federal.

ESTADO ANZOATEGUI - M. Pérez Guevara, Alejandro Avila Chacín, Alejandro Barrios G., J. Valderrama, Orestes Di Giácomo, hijo., Elpidio La Riva Mata. ESTADO APURE - Julio C. Sánchez Olivo, Pedro Elias Hernández, hijo. ESTADO ARAGUA - J. T. Ramones R., J. Pérez Lías, Ramón Narváez, Josefina de Pérez, Manuel F. Betancourt, Aurelio Torres. ESTADO BARINAS - Mariano Medina, Cristóbal Hernández Acevedo, Pedro Mazzei G. ESTADO BOLIVAR - J. M. Siso Martinez, Antonio Jose Puppio, Felipe Alvarez M., Mercedes Carvajal de Arocha (Lucila Palacios). ESTADO CARABOBO - A. Celis Pérez, Lino Arocha A., César O. Hernández, J. J. Belandría, Armando R. González P., Fernando Branger, Carmen C. Gracián de Malpica, Pablo J. Mogollón. ESTADO COJEDES - Eneas Palacios Palacios, J. M. Fraíno C. ESTADO FALCON - Braulio Jattar Dotti, P. L. Bracho Navarrete, A. Zágarra T.(*)., Angel de León Penso, Justo R. Beirutti, Guillermo Marte, hijo., J. R. Silva Yaraure, Marcos Zabala C., Pastor E. Peña V. ESTADO GUARICO - Antonio Sotillo Arreaza, Aquiles Orda, H. Cedeño Pérez, Juan Rafael Martinez, J. L. González Aragort, Luis Tovar. ESTADO LARA - Juan Oropeza, Isaías Avila, J. F. Méndez, Antonio Castellanos, M. A. Romero, Max. Díaz, Catalina de Romero, Luis H. Jiménez M. Pbro. Luis Eddo. Vera, Ramón Orellana, Silverio Silva, R. Esteban Torres, Ambrosio Perera (*). ESTADO MERIDA - Pbro. José R. Pulido Méndez (*), R. Henríquez Vera, José R. Barrios Mora (*), Edecio La Riva (*), Domingo Alberto Rangel, J. D. Gómez Mora (*), Antonio Pinto Salinas, C. Quintero Delgado (*). ESTADO MIRANDA - Simón Ferrer, B. A. Rodríguez Llamoza, César Gil, Jesús María Pacheco Carpio, M. V. Egui, Leonidas Monasterios, J. Lander M., Isabel Hermosos, Victorino Santaella. ESTADO MONAGAS - Rafael Padrón, Cecilia Nuñez Sucre, Alcides Rondón L. Alfaro Lucero, Fernando Peñalver. ESTADO NUEVA ESPARTA - Vicente Gamboa M., Luis F. Hernández, A. González Avila (*). ESTADO PORTUGUESA - Antonio Delgado Lozano, Edmundo Cordero G., C. Rodríguez S., Marcos Antº Carpio. ESTADO SUCRE - S. Gómez Malaret, F. Hernández T., Luis M. Peñalver, Mercedes Fermín Gómez, R. Quijada, Enrique J. Velutini, C. Farías M., Luis Piñerúa Ordaz, Luis J. Blanco, Belicia Hidalgo, J. A. Rojas Velásquez, Angel Felix Bravo. ESTADO TACHIRA - Carlos Sánchez E.- Pbro. (*), César Morales C., P. Peñuela Ruiz (*), Justo H. Vera C. (*), Luis Troconis Guerrero, Alicia Contreras (*), Juan Guglielmi, hijo (*); Manuel A. Torres (*), Pbro. José León Rojas (*), Efrain Rodrigo (*). ESTADO TRUJILLO - Luis Augusto Dubuc, Tulio Guerrero Matheus (*), Pedro Espinoza (*), Elbano Provenzali Heredia, E. Dubuc (*), Ramón Lara A., Isaura Saavedra, Rigoberto Zapata, Luis La Corte, Luis Vetencourt, hijo (*), Ricardo Gil V. ESTADO YARACUY - Raúl Ramos Giménez, Alberto Ravell (*), Baudilio Rodríguez D., Nieves de Entrena, Pbro. Julio César Pacheco. ESTADO ZULIA - Gustavo Gutiérrez, h., Américo Chacón G., Angel Rosendo Capielo, O. Andrade Delgado, Luis Hurtado H., J. J. Delpino, A. Moya Romero, Angel Parra de Montenegro, César Rondón Lovera, Elio Suárez R. (*),
Luis Adolfo Romero, Juan B. Fuenmayor (*), L. Ordaz, Luis Vera. DISTRITO FEDERAL - Luis Lander, Juan Herrera, Analuisa Llovera, R. Caldera (*), Francisco Olivo, P. A. Lozada, José González Navarro, M. González, Lorenzo Fernández (*), Gustavo Machado (*), Cecilio Terife, Rafael Ignacio Cabrices. TERRITORIOS FEDERALES - Luis F. Aranguren C., D. Mendoza, P. Pérez Méndez.

(*) Preceden su firma con: "Suscribo esta Constitución con reserva de las materias sobre las cuales he salvado o negado mi voto en el curso de los debates."

El Secretario, Miguel Toro Alayón.

Palacio Federal, en Caracas, a los cinco días del mes de julio del año de mil novecientos cuarenta y siete. – Año 138º de la Independencia y 89º de la Federación.

Ejecútese y cuídese de su ejecución.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, encargada del Poder Ejecutivo.
(L.S.)
ROMULO BETANCOURT
TTE.-CNEL. CARLOS DELGADO CHALBAUD
RAUL LEONI
TTE.-CNEL. MARIO R. VARGAS C.
GONZALO BARRIOS
LUIS B. PRIETO F.
EDMUNDO FERNANDEZ

Refrendada (L.S.).
TTE.-CNEL. MARIO R. VARGAS C., Ministro de Relaciones Interiores.
 

Refrendada (L.S.).
CARLOS MORALES, Ministro de Relaciones Exteriores.

Refrendada (L.S.).
M. PEREZ GUERRERO, Ministro de Hacienda.

Refrendada (L.S.).
TTE.-CNEL. CARLOS DELGADO CHALBAUD,
Ministro de la Defensa Nacional.

Refrendada (L.S.).
JUAN P. PEREZ A., Ministro de Fomento

Refrendada (L.S.).
EDGARD PARDO STOLK, Ministro de Obras Públicas.

Refrendada (L.S.).
LUIS B. PRIETO F., Ministro de Educación Nacional.

Refrendada (L.S.).
EDMUNDO FERNANDEZ, Ministro de Sanidad y Asistencia Social.

Refrendada (L.S.).
E. MENDOZA GOITICOA. Ministro de Agricultura y Cría.

Refrendada (L.S.).
RAUL LEONI, Ministro del Trabajo.

Refrendada (L.S.).
ANTONIO M. ARAUJO.

Discurso del Dr. Andrés Eloy Blanco, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en el momento de declarar sancionada la presente Constitución.

Ciudadanos Miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno:
Ciudadanos Miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial:
Excelentísimos y Honorables Representantes del Cuerpo Diplomático:
Representantes de las Fuerzas Armadas de la Nación:
Ciudadanos Diputados:

En el primer minuto del 5 de julio nació la nueva Constitución de Venezuela. Están calientes sus pañales, calientes de convencida lucha, calientes de acción de pensamiento y de pasión. Pasión, acción y pensamiento realizan los designios de los hombres cuando la acción esta al servicio del pensamiento y la pasión se inspira en el pensamiento de servicio.

Aquí está, en estas páginas, el objeto primordial de la Revolución. Yo lo saludo y lo juro, como soberano de mi derecho; yo la saludo y la juro, como señora de mi conducta ciudadana. No la ofrecemos al mundo como obra perfecta, pero es hermosa, hermosa como su hermana primogénita. Nació del sufragio universal, contiene las mas avanzadas providencias en legislación del trabajo, contiene lo más nuevo en la defensa social; entre sus hojas, con cuatro pétalos abiertos, está la flor de las cuatro libertades. Tiene un regazo para el niño de Venezuela. Y para que tuviera el tono y el estilo maternal, podreís hallar en ella entre una moción de la Representante Fermín, un desvelo de la representante Saavedra , un artículo de la Representante Lucila Palacios y un esfuerzo de cada una de sus compañeras, la puntada de amor, el cairel de ternura, la tibia artesanía de conciencia que por la primera vez en nuestra historia pudo dar la mujer venezolana para que la ley naciera en las rodillas de la madre.

Es hermosa, hermosa como la democracia. La democracia está de pié en la encrucijada de las mas trágicas codicias. Por eso, como las hermosas mujeres, tiene sus dientes y sus uñas para los sátiros de la voluntad de dominio. Pero ella sola no lo es todo. Cuando una Asamblea hace una Constitución, hace el espejo de un pueblo. Cuando se hace el espejo de un pueblo, tiene que haber un buen pueblo para mirarse en él. Cuando se hace una Constitución, se hace un código de moral, pero no se hace una moral; cuando se hace una Constitución se hace una norma de conducta; cuando se hace una Constitución, se hace una ley de buen gobierno, pero no se hace un buen gobierno. Es el uso de ella, es el empleo de las facultades que ella confiere, es el timón bien llevado, es la proa siempre puesta a la justicia, lo que de ella va a infundir la grave responsabilidad en la conducta de los gobernantes. Ella es la Constitución. Pero todo lo que se haga de acuerdo a sus mandamientos y atribuciones, ha de ser un acto constitucional.

Allí esta el texto derramado de los labios eternos del pueblo. Esta es la justicia que manda hacer la República, por mano de sus representantes. Ahora a ponerse el vestido de viaje a la Gaceta, y se va a meter por las rutas de la patria; va a tocar las puertas. El campesino, el obrero, el industrial, el estudiante, el doctor, el niño, la mujer, el pudiente y el menesteroso van a vivir en su respeto, y el soldado va a ofrecerle sus armas y su sangre y sus pies, juntos en guardia, hechos de caminos de América y calzados de justicia.

En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, representante del pueblo, declaro solemnemente sancionada la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela.

Por cuanto ha sido promulgada la nueva Constitución que establece para Venezuela un régimen democrático ejemplar;

Por cuanto la nueva Constitución expresa la voluntad popular venezolana manifestada en comicios libres, los primeros realizados en el país con base electoral mayor que la de todos los pueblos de América;

Por cuanto es necesario difundir en el pueblo los principios contenidos en la Constitución que garantiza los derechos ciudadanos y establece los deberes de los habitantes de la República, función que corresponde al Ministerio de Educación Nacional:

Por disposición de la junta Revolucionaria de Gobierno se ordena una edición especial de 400.000 ejemplares de la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela promulgada el 5 de julio del presente año. Cada ejemplar irá precedido del discurso del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor  Andrés Eloy Blanco , pronunciado en el momento de declararse sancionado el texto de la Carta Fundamental.

Esta edición de la Constitución será distribuida en las escuelas, liceos, colegios, escuelas normales y demás establecimientos educacionales de los grados 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y de todos los cursos de Educación Secundaria, Normal, Superior y Especial recibirán un ejemplar de la Constitución, con su nombre.

Los maestros y profesores quedan encargados de difundir entre el pueblo, los principios de la nueva Constitución.

La Dirección General y Técnica del Ministerio de Educación Nacional elaborará una Circular especial para instruir a maestros y profesores sobre la mejor manera de realizar la difusión de los principios constitucionales y fomentar en el pueblo la práctica de los derechos y deberes que, como la mejor conquista de la democracia venezolana, se han consignado en la nueva Constitución.

Comuníquese y publíquese.

Por la Junta Revolucionaria de Gobierno,

LUIS B. PRIETO F.
Ministro de Educación Nacional.

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Rev. 1 de diciembre de 2004